Urbanópolis | Columna
Gran parte de la problemática en las ciudades de hoy se relaciona con la movilidad de sus habitantes, y es que, a medida que se extiende la mancha urbana, sus habitantes se ven obligados a recorrer grandes distancias lo que implica invertir cada vez más tiempo en sus traslados cotidianos. Esto se debe, en buena medida, a los criterios de zonificación de usos de suelo con los que se planifica la ciudad hoy en día, y que genera grandes zonas habitacionales cada vez más alejadas de los lugares de trabajo o estudio.
Ante la magnitud del problema, en las diferentes ciudades los gobiernos han buscado instrumentar diversas acciones que conlleven a la modificación de los patrones de movilidad. En algunas urbes se han modificado las rutas, incluso se han creado carriles exclusivos para el transporte público con la finalidad de disminuir los tiempos de traslado; se han abocado a modernizar los sistemas de transporte, incorporado vehículos eléctricos para reducir la contaminación ambiental, se han puesto en circulación vehículos articulados conocidos como “orugas”, para trasladar a un mayor número de pasajeros.
Por nuestra parte, los habitantes de cada ciudad, de manera intuitiva vamos buscando alternativas para enfrentar los problemas generados por la movilidad, principalmente ante la necesidad de ahorrar tiempo y dinero; ya sea comprando un vehículo, aunque sea viejo, una motocicleta o utilizando la bicicleta, incluso, ya hay bicicletas con motor eléctrico o los llamados “monopatines eléctricos”, las opciones de medios de transporte estarán en función de nuestra capacidad económica, preferencias o necesidades.
En este contexto, llama la atención lo acontecido en París, a propósito de los llamados “monopatines eléctricos” (muy similares a los antiguos juguetes que aquí en México se llaman “patín del diablo”). Desde el 2018 se volvieron tan populares como vehículo de transporte, que se instalaron varias empresas que proporcionaban el servicio de renta temporal, muy similar al que acontece en la CDMX con las bicicletas. Sin embargo, con el tiempo surgieron varios conflictos, se comenzaron a presentar riesgos con respecto a los peatones, pues los usuarios de monopatines circulaban por aceras y zonas peatonales, con respecto a los vehículos automotores, porque los monopatines circulaban por la calle a poco más de 40 km./h.
Los registros indican que, durante el 2021, en la ciudad de París se registraron 408 accidentes relacionados con el uso de monopatines, 459 personas lesionadas y 24 personas fallecidas. Aquí lo relevante de esta experiencia, es sin duda, que no se trata de cifras alarmantes, sino más bien que son evidencia de que este tipo de vehículos y su convivencia con los demás medios de transporte y peatones principalmente, demanda nuevas reglas por parte de los organismos responsables de la movilidad. En un inicio se buscó limitar la velocidad máxima de estos vehículos a los 24 km./h., como había personas que incumplían esta disposición, se optó por hacer un registro y otorgar una placa, con el fin de poder identificar a los infractores.
El conflicto perduró, y ante las quejas de los habitantes de París, el gobierno convocó a un referéndum, y con un 90% de los votantes a favor, se decidió prohibir en la ciudad de París el uso de los patinetes eléctricos de alquiler que existen en la ciudad y se convirtió en la primera ciudad en prohibirlos.
Discusiones similares a las de París ya acontecieron en Canadá y Copenhague, y ahora están aconteciendo en otras ciudades europeas, en Sevilla el sistema Metro ha vetado la entrada de los patinetes eléctricos en hora punto, como ya hizo anteriormente con las bicicletas. En Madrid se ha buscado regular antes que prohibir y se les han denominado “vehículos de movilidad personal”, por lo que se les prohíbe circular por aceras y se requiere una licencia para utilizarlos. En Barcelona se busca hacer obligatorio el uso de casco, la incorporación de luces e incluso la definición de los sitios donde pueden permanecer en la vía pública.
Las enseñanzas de lo acontecido en algunas ciudades de Europa deben servirnos de experiencia para comprender que el tema de la movilidad está en constante evolución, que los avances tecnológicos que se incorporan a los vehículos o medios de transporte son más inmediatos que los cambios y adaptaciones legislativas correspondientes. Sin embargo, se hace necesario que se instrumenten medidas emergentes que ayuden a garantizar la sana convivencia de todos los modos de transporte, y sobre todo de la salvaguarda de los peatones.
Se debe comprender que cada ciudad tiene una dinámica propia, y lo que en unas funciona bien, en otras puede ocasionar un caos. El papel de las autoridades municipales resulta fundamental para que, dentro del ámbito de sus atribuciones legales, se actúe para garantizar las mejores opciones de movilidad, pero siempre con el objetivo último de la seguridad de los habitantes.
En México aún no se vuelve significativa esta moda de “monopatines eléctricos”, pero bien se podría actuar respecto de las motocicletas que, en un lapso de pocos años han proliferado en número, frecuencia y diversidad de marcas, modelos y capacidades. Es evidente que la normatividad respecto de la obligatoriedad de la licencia de manejo, la obtención de una matrícula y la obligatoriedad (en reglamento) del uso del casco, no resuelven los conflictos que, de forma cada vez más frecuente, se suscitan entre automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.
Tal vez, por ejemplo, en vialidades que cuenten con carriles laterales, convendría limitar la circulación de motocicletas a estos carriles, para disminuir riesgos de accidentes, o bien, establecer la prohibición de circular en calles específicas, e imponer un límite máximo de ocupantes según el tipo de motocicleta, etc. De no actuar localmente y de forma puntual, con base en la problemática específica de cada ciudad, se caerá en el riesgo de pretender que la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial resolverá los conflictos que enfrentamos los ciudadanos en nuestros traslados cotidianos, que estamos obligados a realizar para acudir a estudiar, trabajar e incluso a actividades recreativas.
