Morelia, Mich. | Acueducto Online.-El informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) tiene claroscuros: por un lado, identifica al menos 8 mil 594 víctimas de once tipos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Por otro lado, documenta el desacato del Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes CISEN) para abrir sus archivos pese a la orden presidencial. Ambos organismos son señalados de formar parte de un entramado de instituciones en el país que perpetró las violaciones durante décadas y que, al no rendir cuentas, continúa vigente.
Como en un juego de espejos, el informe “Fue el Estado 1965-1990” presenta casos del pasado -ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones, masacres- y lo conecta con casos recientes, como Ayotzinapa o Tanhuato, para apuntar que la repetición de la violencia desde el Estado y la impunidad persisten en el país y una muestra es que la elaboración del mismo informe se enfrentó a resistencias del Ejército y el CNI.
Además, el informe presenta 142 recomendaciones dirigidas al presidente, diversas Secretarías, CNI, Archivo General de la Nación (AGN), Congreso, Poder Judicial, Fiscalía General de la República (FGR), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y gobiernos estatales, además de que propone erigir 29 memoriales, uno de ellos en la Novena Zona Militar, en Culiacán, Sinaloa.
La primera recomendación plantea la necesaria “realización de un acto solemne de disculpa pública y de reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones graves a los derechos humanos” entre 1965 y 1990.
“La disculpa debe ser ofrecida, en primer lugar y de forma general, por la persona titular de la Presidencia de la República. Además, dicha disculpa pública deberá ser convocada con antelación, con intervenciones bien preparadas y dignificantes, con traslados pagados para las víctimas y con la posibilidad de intervención de una representación de éstas”, dice el documento.
El informe presenta once categorías de violaciones graves a derechos humanos: detención arbitraria, prisión por motivos políticos, ejecución extrajudicial, masacre, desaparición forzada, desaparición forzada transitoria, tortura y tortura sexual, violencia sexual y violencia reproductiva y exilio.
De todas estas violaciones, el informe identifica 8 mil 594 víctimas, pero además plantea un estimado de 123 mil personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado ligado a alguna o varias de las once violaciones investigadas. De estas, 669 personas desplazadas fueron identificadas. El informe también incluye, además de militantes políticos y guerrillas, a disidencias sexuales y urbanas, desplazados por combate al narco, así como periodistas asesinados. La represión fue rural y urbana, y se incluye a la policía capitalina que encabezó Arturo “El Negro” Durazo.
El informe incluye un anexo con más de mil documentos militares y judiciales sobre los vuelos de la muerte. Otro anexo contiene un documento de la Armada de México titulado “Guerrilleros extremistas y terroristas prófugos y amnistiados” con fotos, nombres y perfiles de cientos de personas. Otro tiene las fotos y perfiles de estudiantes e intelectuales que participaron en el movimiento de 1986 . Y uno más, de la DFS, revela por primera vez los rostros y nombres de unos 50 agentes de la que fue conocida como la policía secreta de México.
Con información de Aristegui Noticias
