Por Félix Madrigal/ACG
• Familias y colectivos exigen ley estatal
Morelia, Michoacán.- En Michoacán, la crisis por desapariciones sigue creciendo y las familias se niegan a guardar silencio. En conferencia de prensa, integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” (COFADDEM), junto con la plataforma Red Lupa, presentaron un diagnóstico que coloca al estado en el quinto lugar nacional en desapariciones.
Las cifras muestran un incremento constante: en Morelia se registraron 473 casos en 2022, 640 en 2024 y en lo que va de 2025 ya son 784. A nivel estatal, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 4,343 casos, aunque los colectivos subrayan que el número real es mayor, pues muchas denuncias se frenan por miedo a represalias o por la falta de oficinas cercanas para levantar los reportes.
Señalaron que, además de las cifras, está la experiencia diaria de vivir bajo amenazas y hostigamiento. “Hay quienes salen de la Fiscalía tras denunciar y ya están recibiendo llamadas de intimidación. Por eso muchos casos no se registran y quedan fuera de los números oficiales”, explicaron.
COFADDEM denunció también la ausencia de una ley local en materia de desaparición, pendiente desde hace dos legislaturas. Sin ella, dijeron, las víctimas carecen de mecanismos claros de atención, presupuesto específico y procesos de coordinación interinstitucional. “no podemos seguir sustituyendo a las autoridades en la búsqueda y en la atención de esta crisis. Necesitamos un marco legal que garantice derechos y responsabilidades”, expresó una de sus integrantes.
Durante el encuentro, las familias recordaron que su lucha no solo busca justicia, sino también preservar la memoria de quienes faltan. En este sentido, destacaron el acompañamiento de Red Lupa, plataforma conformada por más de 100 colectivos en todo el país, que ha documentado testimonios y elaborado el “Mapa del Otro México”, una cartografía social que visibiliza las desapariciones junto con otros fenómenos de violencia como los proyectos extractivos, la violencia contra mujeres y los ataques a defensores y periodistas.
“Este trabajo conjunto no es solo para contar cifras: es para proteger la memoria, visibilizar la verdad y hacer recomendaciones que obliguen a las instituciones a actuar. Las familias no estamos solas, somos parte de una red que exige justicia y que se niega a que la desaparición quede en el olvido”, concluyeron.
