Morelia, Mich. | Acueducto Noticias.- En respuesta a la violencia contra la prensa y tras el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís en Uruapan, el colectivo de periodistas Ni Uno Más, exigió al Gobierno del Estado acciones concretas para proteger a los periodistas y respetar su labor informativa.
Durante una manifestación en el Congreso local, la periodista Patricia Monreal señaló la falta de voluntad de las autoridades para establecer un mecanismo de protección robusto e incluyente, destacando que, pese a los avances logrados en la pasada legislatura con la creación de iniciativas para proteger al gremio, varios temas esenciales siguen sin ser abordados, entre ellos los delitos de honor y la criminalización de la actividad periodística.
La periodista también llamó la atención sobre la presidencia de la Comisión de Justicia, encabezada por la diputada Anabet Franco Rodríguez, a quien calificó de «factor de riesgo» para el respeto a los derechos de los periodistas debido a antecedentes de hostigamiento hacia el gremio. Monreal recordó un incidente en la legislatura pasada en el que la diputada fue acusada de agredir verbalmente a la periodista Guadalupe Martínez. Para el colectivo, es preocupante que Franco continúe al frente de una comisión clave para la protección de la libertad de prensa.
Asimismo, solicitó que el reciente asesinato de Cruz Solís no sea politizado ni utilizado como herramienta en conflictos entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Uruapan. “Demandamos que ambos gobiernos cumplan sus responsabilidades y no criminalicen ni hostiguen a los periodistas. El ejercicio periodístico no debe ser motivo de persecución, y tanto el gobierno estatal como el municipal han participado en prácticas que afectan y violentan nuestra labor,» afirmó Monreal.
Para concluir, Monreal reiteró la necesidad de un diálogo efectivo con las autoridades y pidió una mesa de trabajo real, sin fines mediáticos. «No les estamos pidiendo, ni nos están haciendo ningún favor. Es su responsabilidad el apoyar a un medio que ha sido agredido, no es un favor de gobierno del Estado. Hay que quedar claro, es una responsabilidad», finalizó.
