Ciudad de México | Acueduto Noticias.- La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional al artículo 19 que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aunque se excluyeron los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal. La reforma obtuvo 335 votos a favor, 108 en contra y fue enviada al Senado para su análisis y posible aprobación.
La medida, impulsada por la mayoría de Morena y sus aliados, mantiene la prisión preventiva oficiosa para delitos de extorsión, contrabando, uso de facturas falsas, y amplía las hipótesis relacionadas con el tráfico de drogas, especialmente de sustancias como el fentanilo y precursores químicos. El diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, argumentó que la exclusión de narcomenudeo responde a una visión de atención social para reducir la violencia, especialmente entre jóvenes, mientras que la defraudación fiscal fue retirada en un gesto de unidad nacional.
Polémica por Derechos Humanos y Presunción de Inocencia
El dictamen prohíbe cualquier interpretación legal que pueda inaplicar la prisión preventiva oficiosa, estableciendo que los jueces deben acatar su literalidad. Sin embargo, la propuesta generó críticas; la diputada panista Margarita Zavala aseguró que la reforma vulnera derechos humanos y el principio de presunción de inocencia, describiéndola como “inconstitucional, inconvencional y regresiva.” Por su parte, la diputada Laura Ballesteros presentó una moción suspensiva argumentando que la reforma representa una regresión en derechos humanos, pero fue rechazada por el pleno.
En defensa, la morenista Sandra Anaya sostuvo que delitos de alto impacto como el tráfico de fentanilo y la extorsión demandan una respuesta contundente. Por su parte, el priista Luis Gerardo Sánchez enfatizó la necesidad de una regulación que evite abusos, mientras que Vanessa López Carrillo, del PT, respaldó la reforma al señalar que la prisión preventiva oficiosa será clave para proteger al pueblo ante la creciente extorsión.
Con esta reforma, el Congreso de la Unión tiene 180 días para adecuar el marco jurídico, mientras que los estados contarán con un año para armonizar sus leyes con la nueva normativa.
