Morelia/Redacción
El gobierno federal amenazó y torturó a cuatro trabajadores de la construcción para que se declararan culpables y confesaran un crimen que nunca cometieron, para así poder amortiguar la presión nacional e internacional sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado.
De acuerdo al reportaje ‘Ayotzinapa: los “sicarios”, sólo albañiles torturados’ que se publica en la revista PROCESO 2028, ya en circulación, uno de los principales operadores del grupo criminal Guerreros Unidos en Cocula, Guerrero, es Patricio Reyes Landa Salgado. Aunque en realidad se trata de un albañil tan pobre que su familia recibe fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La publicación refiere que en noviembre de 2014, Landa fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR), junto con otros tres albañiles, como responsable del asesinato y cremación de los 43 normalistas de Ayotzinapa y fueron presentados en el mes de enero, por el entonces titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, como los responsables de la incineración de los jóvenes.
Se trata de Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortez, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado, quienes presuntamente habían confesado el asesinato e incineración de los estudiantes, los cuales mediante pruebas científicas se confirmaban sus confesiones, señaló Murillo Karam.
Fue hasta el pasado 5 de septiembre cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmintió la versión del gobierno federal al confirmar que la cremación nunca ocurrió en el basurero. Asimismo, se sabe que por el examen médico practicado en la PGR a Rodríguez Salgado y los testimonios de sus familiares, que los albañiles fueron torturados.
Basado en un peritaje forense independiente, el GIEI concuerda que quienes “confesaron” el asesinato y cremación de estudiantes fueron coaccionados mediante tortura, aunque en realidad ninguno de ellos declaró eso. Según lo prueban sus declaraciones ministeriales –de las cuales se tiene copia–, ese argumento fue inventado por la PGR.
De acuerdo a la Proceso, en el presente reportaje se entrevistó a las familias de tres de los albañiles con quienes la PGR fabricó su “verdad histórica”.
