FGR busca revocar anulación de sentencia de Mario Aburto

(Imagen: Especial=
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Morelia, Mich. | Acueducto Noticias.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado medidas para impugnar la anulación de la sentencia de Mario Aburto, el asesino confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994. Esta anulación fue ordenada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México.

La FGR argumenta que después de pasar 29 años en prisión, un fallo del tribunal estatal permitió que Aburto fuera liberado, cancelando una condena de 45 años impuesta previamente. La Fiscalía sostiene que el tribunal no consideró adecuadamente que el caso debía ser de jurisdicción federal debido a la magnitud y las consecuencias del asesinato de un candidato presidencial.

Los argumentos de la FGR se centran en la idea de que el asesinato de Colosio afectó gravemente a la democracia de México y al proceso electoral, lo que justificaría su manejo a nivel federal.

Además, la FGR ha destacado que el tribunal no incluyó a las víctimas directas e indirectas del crimen en el proceso, dejando al Estado, sus instituciones y las personas afectadas en una situación de indefensión.

La FGR ha interpuesto un recurso de revisión y presentado sus argumentos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta acción se produce después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitara a su Gobierno la revisión del caso.

Dada la naturaleza del medio de impugnación, el Primer Tribunal ha decidido remitir el caso a la SCJN para evitar retrasos en la impartición de justicia. La Corte asumirá el caso en medio de un paro nacional de labores en los juzgados debido a la votación de la Cámara de Diputados para extinguir 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El Poder Judicial concedió un amparo que permitió la anulación de la sentencia de 45 años de Aburto, argumentando que había sido juzgado con base en el Código Penal Federal, que estipulaba una pena de 45 años, en lugar de seguir el ordenamiento legal de Baja California, donde ocurrió el asesinato, que imponía una pena de 30 años.