Expansión urbana pone en jaque la seguridad hídrica de Morelia

(Foto | Guillermo Mac)
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Morelia, Mich. | Acueducto Noticias.- El Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL) ha levantado la voz para denunciar a las autoridades de los tres niveles de gobierno por su presunta complicidad en un proyecto que, según el movimiento, está llevando al ecocidio en la cuenca del río Chiquito en Morelia.

Carlos Olivares, miembro del movimiento señaló que las autoridades han priorizado los intereses de la inmobiliaria Bosque Monarca SA de CV, al autorizar el cambio de uso de suelo en más de 17 hectáreas de terrenos forestales para el desarrollo del fraccionamiento Bosque Monarca. Según MCDL, esta decisión viola leyes ambientales, amenaza la seguridad hídrica y compromete el bienestar de la región.

El MCDL acusa que este permiso contraviene el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que prohíbe cambiar el uso de suelo en terrenos deforestados o incendiados, salvo que hayan pasado 20 años y se demuestre la regeneración de la vegetación. En este caso, Altozano habría deforestado ilegalmente la zona en 2022, según la PROFEPA, y aún así obtuvo la autorización de SEMARNAT en 2024.

“Están destruyendo uno de los recursos más importantes de Morelia. La cuenca del río Chiquito no solo provee agua, sino que garantiza el equilibrio ambiental para cientos de miles de personas,” afirmó el movimiento.

Para el MCDL, este tipo de proyectos no responde a la necesidad de vivienda, ya que el 25 por ciento de las casas en Morelia están deshabitadas. En su opinión, el verdadero objetivo de la expansión de fraccionamientos como Bosque Monarca es la especulación inmobiliaria, beneficiando solo a empresarios.

El movimiento también cuestiona proyectos como el Segundo Anillo Periférico de Morelia y la construcción de presas, señalando que estas obras están diseñadas para favorecer la expansión urbana en áreas protegidas. “Estas acciones solo muestran cómo los gobiernos priorizan a las grandes empresas inmobiliarias por encima del bienestar social y ambiental,” acusaron.

El MCDL presentó una cronología que detalla cómo, desde 2022, las autoridades han permitido la tala ilegal, otorgado permisos y aprobado proyectos en la cuenca del río Chiquito, ignorando leyes y suspensiones legales.

Diversas organizaciones como el Observatorio Socioambiental y el Frente contra la Gentrificación se han sumado al MCDL para exigir que se detenga esta expansión urbana. Piden frenar el ecocidio, proteger los bosques y garantizar el derecho a un ambiente sano.