El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla podrá decir lo que quiera.
Que el reemplacamiento es un tema de seguridad. Que se trata de una normatividad impuesta por la SCT.
Sin embargo, en los hechos se trata de una medida recaudatoria, que tiene como finalidad allegarle recursos al gobierno del estado.
Está en su derecho. Y lo permite la ley, además.
No obstante, una cosa es seguir la ley a rajatabla y otra tener sensibilidad política hacia los ciudadanos.
Ramírez Bedolla no la está demostrando.
Los ciudadanos venimos de un año complicado. La emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 ha propiciado una vulnerabilidad económica que todavía no toca fondo.
Y vienen todavía cosas más complicadas.
Los gobiernos de Morena se ufanan de estar del lado de los sectores desprotegidos.
Y ahora, aunque no se crea, prácticamente todos los sectores están protegidos.
Insistimos, Ramírez Bedolla está en su derecho.
Pero una buena señal de que ahora no se les cargará las manos a los ciudadanos estaría en evitar este costo.
Aplazar, de alguna manera, este reemplacamiento.
Y, sobre todo, debería haber buscado otra excusa. Si la inseguridad se resolviera con este tipo de procedimientos nadie se negaría a acatarlo. Pero ya sabemos que no es así. La inseguridad se combate de otra manera.
