Por Juan Adolfo Montiel Hernández
En estos días que ha estado en la discusión pública los temas de la reforma al Poder Judicial, la ciudadanía a través de las redes sociales se ha interesado e informado de como es la conformación de los órganos colegiados, en este caso del Poder Legislativo a nivel federal.
Por ello, debemos de retomar el tema sobre la importancia de la “representación política” que es aquella que se otorga a la persona postulada por un partido político o una coalición y que asume a través del voto popular para actuar a nombre del electorado en la toma de decisiones sobre asuntos de carácter público y del poder político.
Existe diversa normatividad a nivel internacional, indicando que es un derecho de la ciudadanía el poder participar en la discusión de asuntos públicos, a través de la representación política, la cual debe hacerse mediante elecciones de manera permanente, periódica y en libertad lo relacionado a la emisión del voto.
Después del pasado 2 de junio, fecha de nuestra pasada jornada comicial donde la ciudadanía pudo dar su voto, los resultados fueron que existían diferentes fuerzas políticas con votación y que deberían estar incorporadas en ambas cámaras legislativas, tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
Lamentablemente nuestra normativa actual no establece que deba trasladarse de forma pura y genuina esa votación, sino por medio de ciertas fórmulas de sobre y subrepresentación, es decir, más escaños para unos y menos escaños para otros de acuerdo con su votación y triunfos obtenidos. Resultado de ello, se fortalecieron los grupos mayoritarios en detrimento de los grupos minoritarios.
Por otro lado, también se ha puesto a la discusión de la representación política, la posibilidad de postularse por un partido político, del cual se aprueba una plataforma política y promesas de campaña de ese partido o coalición; pero cuando asume el cargo se cambia a un partido diferente, lo cual tampoco refleja esa representación obtenida conforme al electorado.
Esto último afecta a la confianza de la ciudadanía al sistema político y democrático, se siente traicionado el electorado porque la persona actúa de mutuo propio. Es necesario hacer una revisión legal de la representación y de la emisión del voto.
