Morelia/Hugo Villegas-Santibáñez
Con un calor insoportable la madrugada de un lunes, característico del mes de mayo en la Tierra Caliente, Saúl dormía con un ventilador frente a él, junto a su esposa, tres hijas y su único hijo varón en una casa con puertas abiertas y sin barda en su perímetro, a las orillas del pueblo.
A las cinco de la mañana un perro amarrado en el patio de la casa ladraba incesantemente.
Para Saúl los ladridos eran la alarma ante cualquier extraño.
Sin embargo, esta vez despertó para vivir la peor pesadilla de su vida. Hombres armados con el rostro cubierto irrumpieron el domicilio particular.
Sin identificarse gritaron ¿Dónde están las armas? Mientras sometían a todos los miembros de la familia, cubriéndoles el rostro con sus propias cobijas.
A Saúl un encapuchado le apuntaba a la cabeza, otros registraban la casa y tomaban todo lo de valor: celulares, joyas, computadoras, equipo de sonido y dinero en efectivo, pero sin encontrar una sola arma.
Una de las hijas se atrevió a preguntar por la orden de cateo recibiendo como respuesta un golpe en la cara para después ser envuelta en un cobertor y aventada dentro de uno de los vehículos que conducían los intrusos. Al mismo tiempo, Saúl era subido a otra camioneta, con el rostro cubierto, vistiendo sólo calzoncillos.
Ante la situación, el hijo varón intentó buscar ayuda. pero le impidieron y también se lo llevaron.
Un par de horas más tarde fueron liberados los dos jóvenes después de ser torturados física y psicológicamente, pero de Saúl no se supo nada durante las siguientes horas después de haber sido “levantado” en su domicilio.
A las 17:00 horas de ese mismo día fue puesto a disposición en las oficinas de la Procuraduría General de la Republica (PGR) por posesión de narcóticos.
Había sido torturado por varias horas con una bolsa de plástico. Un común método de tortura que sofoca hasta llegar a la asfixia. No deja huellas, sin embargo, llegan a orinarse, defecarse e incluso morir. Antes de 48 horas, Saúl fue puesto en libertad por la PGR.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la resolución 217 A (III) en diciembre de 1948 establece en el Artículo 5º que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”; en el Artículo 9º “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”; en el Artículo 11º “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” y el Artículo 12º “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”.
En México, con la reforma constitucional al Artículo 1º en 2011, el Estado debe garantizar los derechos humanos. El gobierno en turno tiene “la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
Teóricamente los mexicanos tienen salvaguardadas las garantías fundamentales, sin embargo, la realidad demuestra otro escenario. Respecto a la tortura, organismos como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre otras, coinciden en señalar que “en México la tortura es generalizada” tiene como propósito la obtención de información, el castigo y en otras ocasiones la intimidación.
A la par, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos declaró recientemente que el reconocimiento constitucional en la reforma al Artículo 1º no garantiza en la práctica el respeto a los Derechos Humanos de los ciudadanos.
El caso de Saúl es un claro ejemplo de la constante violación a las garantías básicas de un individuo en México: privación ilegal de la libertad, allanamiento de morada y tortura. Cuando las fuerzas del orden actúan como delincuentes violando la ley rebasan la línea y se convierten en lo mismo. ¿Y el debido proceso?
