Morelia/Redacción
El Centro de Reinserción Social “Francisco J. Múgica” abrió en el año de 1958, por órdenes del entonces presidente de la República, Adolfo Ruíz Cortines y del gobernador michoacano, el general Dámaso Cárdenas, con la misión de lograr la “Impartición De Justicia Y Mantenimiento De La Seguridad Y El Orden Público”, sin embargo, el pasado domingo 2 de abril cerró sus puertas definitivamente.
Fueron 334 los reos trasladados del penal que antes fuese su casa, y que era conocido como el “La Peni”, hasta el “David Franco Rodríguez”, ubicado en Mil Cumbres, dejando tras de sí sus pertenencias, las cuales, apenas el día martes lograron ser recolectadas por los familiares de los presos. Cabe mencionar que de esta cifra, al menos 120 eran exautodefensas de Aquila y Lázaro Cárdenas.
Los reos fueron trasladados en al menos diez autobuses y con la vigilancia de 100 elementos, tanto del Ejército Mexicano, como de la Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado y miembros de la CEDH, quienes revisaron que durante el proceso se respetasen los derechos de los hombres que ahí residían.
El motivo del cierre se dio desde febrero pasado, cuando la Comisión Estatal delos Derechos Humanos (CEDH) exigió su cierre total, pues obtuvo un promedio de 6.07 de calificación en el diagnóstico penitenciario 2016. Además, el cereso era en sí problemático, pues sufría de sobrepoblación, fugas, problemas internos, cobro de cuotas, distribución de drogas, enfrentamientos e incendios, como el ocurrido en marzo del 2015.
La polémica de la cobra de cuotas se dio en el año 2014, cuando internos denunciaron que, con la llegada de un comandante comenzaron a pedir dinero por ver la tele, por los cuadros que pintaban (“si mi cuadro vale doscientos pesos, a mí me das cien”), por escuchar la radio e incluso por la comida.
Por su parte, el presidente de la CEDH, Víctor Manuel Serrato Lozano, afirmó que el cereso se encontraba en muy precarias condiciones, tanto administrativas como de infraestructura, a la que calificó de “obsoleta”; resaltó que incluso existía el problema de internos que “cumplían funciones de autoridad” o como lo llama, “problemas de autogobierno”. Declaró que “la CEDH no encontró prudente seguir invirtiendo en un cereso que ya no cumple su función”.
El cierre del cereso J. Múgica es una promesa cumplida del gobernador Silvano Aureoles Conejo, cuyo gobierno se comprometió a garantizar la implementación de un sistema penitenciario que garantice la reinserción social y la defensa de los derechos humanos.
