El antecedente

Foto: Enrique Castro
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Morelia/Redacción

Fue el 12 de diciembre del 2016 cuando de manera formal el Congreso del Estado, a través del presidente de la Mesa Directiva, Pascual Sigala recibió de parte del ejecutivo estatal la propuesta de reestructura de deuda por un monto total de 10 mil 906 millones 030 mil pesos.

En esa fecha se detalló que la petición incluía la reestructuración de la deuda bursatilizada en el 2007 por un monto de 4 mil 185 millones 304 mil pesos y la contratada en el 2013 por la cantidad de 6 mil 759 millones 721 mil pesos.

En este marco Pascual Sigala aseguro que el paquete no incluye la solicitud de un nuevo endeudamiento, sino que se pretende negociar en mejores condiciones a las que se tenían en ese momento.

Incluso puso como ejemplo al incrementarse las tasas de interés, el gobierno del estado tendría que pagar por servicio de la deuda anualmente unos 300 millones de pesos.
El llamado a partir de ese momento fue a lograr una reestructura rápida en aras de frenar las fugas monetarias.

Sin embargo a diputados no preocupo mucho el tema. Se atravesó el periodo vacacional decembrino, retornaron en enero y fue hasta febrero cuando retomaron el tema con miras finalmente a la aprobación.

Fue finalmente el pasado 27 de febrero cuando integrantes de las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron el dictamen.

Entre los puntos relevantes que fueron incluidos en el documento destacaron: la eliminación del periodo de gracia y la eliminación de la Garantía de Pago Oportuno (GPO).

Además, no se podrá utilizar la reestructura para algún otro crédito y se queda en un plazo de 20 años, no de 25 años.

La aprobación en comisiones se dio luego de que el Secretario de Finanzas, Carlos Maldonado compareció ante los legisladores.

En este sentido el Secretario de Finanzas aseguro que con el proyecto de reestructura de la deuda que envió al Congreso local desde el 12 de diciembre de 2016, el Gobierno del Estado busca reducir la presión que vienen arrastrando las finanzas públicas y generar ahorros estimados de entre 500 y 700 millones de pesos en los próximos cuatro años.