Morelia / Nancy V. Herrejón
Actualmente los trabajadores del Estado de Michoacán están viviendo graves ataques a sus derechos laborales y sindicales. Tanto trabajadores de la Junta de Caminos (JC) como de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) acusan al gobierno de Silvano Aureoles de ensañarse con estas dos instituciones.
El primer caso, fue la promoción del decreto ilegal de la extensión de la Junta de Caminos, a esto le precedía de años anteriores recortes, mala gestión y una intensa labor de desinformación que responsabilizaba a los trabajadores de la Junta por el déficit presupuestal.
Durante el año 2019 se aprobó un presupuesto parcial que tiene a los trabajadores sin cobrar desde principios del mismo año; para el 2020, simplemente ya no se asignaron recursos para este organismo público. La Junta Local por decreto desde 1938 y sólo puede ser extinto por obra de este poder.
Por otra parte, el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es parecido al de la Junta de Caminos, ya que el actual gobierno estatal le ha venido recortando el presupuesto a la institución y promoviendo una reforma constitucional que limita su autonomía y permite al gobierno del estado desentenderse de la obligación constitucional de dotar de recursos financieros a la institución de educación superior más importante de nuestra entidad. Todo ello en la lógica de obligar a los trabajadores de la universidad a renunciar a conquistas plasmadas en su contrato colectivo de trabajo incluyendo la jubilación dinámica que lograron desde 1939.
En ambos casos de acuerdo a su información, se ha dejado a los trabajadores sin el salario a manera de chantaje; con la JC para obligarlos a aceptar una extinción ilegal y una liquidación ínfima, y con el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) para obligar a sus trabajadores a aceptar la modificación del régimen de jubilaciones.
Así, se presenta un ataque sistemático a todo lo público en pos de lo privado.
