En el Congreso del Estado de Michoacán se visualizan una serie de temas que tienen que ver con una reforma electoral local, más allá de la federal que está por venir. Y, en ese sentido, los diputados de la comisión respectiva están trabajando, junto con consejeros y magistrados electorales de la entidad.
Uno de los objetivos es recortar algunas de las atribuciones que tienen los integrantes del pleno del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), como es el caso de demandar la carta de no antecedentes penales a los candidatos a cargos de elección popular, porque viola el principio de la presunción de inocencia.
Una alternativa a lo anterior, la cual se discute en una mesa de análisis, negociación y acuerdo entre legisladores, consejeros y magistrado electorales, es que, teniendo el IEM la relación de las y los candidatos solicitar al Poder Judicial de Michoacán escudriñar en sus expedientes la situación penal de cada uno.
Otro acotamiento de atribuciones tiene que ver con una cuestión de género. Hoy en día, ese órgano electoral decide los lineamientos que considera adecuados para establecer a los institutos políticos los espacios destinados a las mujeres que pretenden ser candidatas, a lo cual se pretende sea una decisión partidista.
Además, otro punto interesante en el proyecto electoral citado tiene que ver con que las y los candidatos sobre todo a diputados locales, alcaldes y a síndicos que, como resultados de los comicios, queden en los mejores segundos lugares, en automático sean regidores, como sucede en Chihuahua, por ejemplo.
Actualmente, el Código Electoral del Estado de Michoacán establece que las planillas de las y los candidatas al Cabildo son unidades cerradas; la reforma que impulsan en algunos congresistas locales busca romper esa coincidencia para permitir que el liderazgo del segundo lugar mantenga vigencia pública y presupuesto.
