En el caso del coche bomba que el crimen organizado explotó en la sede de la policía comunitaria de Coahuayana, uno de los tres municipios costeros del territorio michoacano, desde el punto legal no se sitúa el concepto de narcoterrorismo, ni en las leyes mexicanas, menos en las de Michoacán.
Sin embargo, de acuerdo a su significado, el termino narcoterrorismo se describe a los actos terroristas vinculados al tráfico de drogas y que implica el uso de la violencia para influir en los gobiernos en la sociedad, sin que haya de por medio motivaciones y/o cuestiones políticas o de carácter ideológicas.
Ahora bien, en el asunto de Coahuayana, la Fiscalía General de la República (FGR) cambió el término de terrorismo -por el uso de explosivos para causar alarma- al de delincuencia organizada, porque simple y llanamente en ese atentado no hay ningún alcance con miras político o ideológico.
Y, si, subrayamos, desde el marco jurídico en Coahuayana no existió un acto narcoterrorista, pero sí en el imaginario social, sí en la percepción social, toda vez que se trata de un subconjunto del terrorismo que sus acciones terroristas se entrelazan con las del crimen organizado, con el narcotráfico.
Y, bueno, pese a todo lo anterior, ni a corto ni a mediado plazo se espera que se dé un debate político y legal para legislar, a través de reformas del Código Penal Federal y de ahí al de Michoacán, el concepto de narcoterrorismo, menos que se desempolven las propuestas sobre el tema.
