En los últimos meses, ha mejorado en demasía la relación entre la Iglesia católica y el Gobierno de Michoacán, sobre todo por dos factores importantes: la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y el relevo institucional del Arzobispado de Morelia.
Por lo pronto, se ha suavizado la confrontación entre ambos, tras un trato mutuo ríspido, lo que provocó una relación ríspida que parecía insalvable; las razones, el tema de la seguridad, aderezado con la presunta entrega irregular gubernamental de vehículos al ente eclesiástico.
Sobre todo, en el primer caso, las diferencias han incidido en que se den contrastes en el cumplimiento de las Constituciones, tanto a nivel federal como estatal, en dicha relación entre la Iglesia Católica y el Gobierno de Michoacán, bajo los principios de laicidad, separación y libertad religiosa.
Ese tipo de acusaciones han consistido en un toma y daca, la Iglesia acusando inseguridad en determinadas regiones del estado, incluso proponiendo un acuerdo con miembros del crimen organizado, y el Gobierno de Michoacán calificando esos señalamientos desde alarmistas hasta inaceptables.
Y, sí, todo cambia con el Plan Michoacán y el relevo eclesiástico, en donde los interlocutores son más abiertos al diálogo, al acuerdo y a la coordinación institucional, en las figuras de monseñor José Manuel Álvarez Cano y el secretario de Gobierno Raúl Zepeda Villaseñor, no como sus respectivos antecesores.
