Morelia, Michoacán | Agencia ACG.– Representantes de organizaciones socioambientales de la capital michoacana advirtieron que la iniciativa de Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, no representan un cambio de fondo en la gestión del recurso hídrico. En conferencia de prensa, Carlos Olivares, Ari Jurado, Gustavo Alcocer y Agustín Ruiz afirmaron que la propuesta “mantiene intactas las estructuras de poder sobre el agua y el acaparamiento que hoy afecta a pueblos y comunidades”.
Durante el posicionamiento, las organizaciones Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, Observatorio Socioambiental de Morelia, Coordinadora de Colectivos Activistas y Organizaciones Sociales, y la Contraloría Autónoma del Agua Intawi, mencionaron que “San Miguel del Monte evidencia los límites de la reforma federal en materia de agua”. A demás señalaron que la iniciativa “viola el mandato constitucional de hacer una sola Ley General de Aguas”, ya que plantea dos normas paralelas: una que aparenta garantizar el derecho humano al agua y otra que preserva las concesiones privadas.
Los activistas denunciaron además el caso del manantial La Mina, ubicado en la comunidad pirinda de San Miguel del Monte, donde la Comisión Nacional del Agua habría otorgado una concesión “ilegal” a la empresa Comercializadora Bicentenario, ligada a intereses inmobiliarios. Según explicaron, el manantial abasteció históricamente al sur de Morelia, pero desde 2023 la compañía ha explotado el recurso de manera excesiva, rebasando el volumen autorizado y afectando el abasto tanto en la comunidad como en colonias de la ciudad.
“La ley nace muerta”, expresó Carlos, al subrayar que la propuesta presidencial no corrige las desigualdades históricas en el acceso al agua, no audita las concesiones irregulares y concentra el control en la Comisión Nacional del Agua. Los colectivos exigieron que se derogue la Ley de Aguas Nacionales y se promulgue una sola ley que reconozca los sistemas comunitarios, cancele las concesiones ilegales y garantice la gestión social y ambiental del agua: “Queremos agua para los pueblos, no para las empresas privadas”, concluyeron.
