#Entrelíneas | Columna/Metapolítica
Se acercan las fechas y nadie parece darle importancia. Sin embargo, la lucha contra la corrupción en el estado de Michoacán está al borde del colapso y perder el único bastión ciudadano que tiene.
Actualmente sólo quedan 4 posiciones vigentes, que podrían disminuirse a 3, de los 5 que debería tener el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y una posición más está por quedar vacante, con lo que el organismo perdería el quórum legal para tomar decisiones al interior de dicho sistema.
Una de las 4 posiciones, que fue la última que se “renovó”, enfrenta un proceso judicial a partir de diversas irregularidades que fueron denunciadas, irregularidades en el proceso selectivo que se dio, y que se encuentran actualmente en análisis por un juez.
Se trata de la posición que ocupa Carlos Alberto Gamiño García, quien concursó por la posición que dejó la actual subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno del estado, Elvia Higuera Pérez, para concursar en ese entonces por la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde también por diversas irregularidades se tuvo que suspender o postergar la designación.
Las únicas dos posiciones que se renovaron legítimamente y que se instalaron sin complicaciones en su tiempo son las que ocupan César Arturo Sereno Marín (quien relevó a Juan José Tena García) y Víctor Hugo Vieyra Avilés, (quien llegó por Rafael Villaseñor) y quien relevará en la presidencia a Elizabeth Vázquez, esto a partir de diciembre.
Elizabeth Vázquez es la última de “la primera camada” de ciudadanos que fueron electos para formar parte del Comité de Participación Ciudadana.
Sin embargo, los riesgos de que intereses partidarios o políticos se inmiscuyan en las siguientes designaciones, como se denunció en su momento sucedió con el caso de Gamiño García, y por el cual está judicializaba esta designación.
A él se le señaló como cercano de una ex diputada local de Morena, que en su momento presidía la Comisión de Gobernación, a quien se le acusó de haber metido las manos para esta designación.
Este riesgo se puede replicar para las dos posiciones de las cuales todavía no se emiten las convocatorias correspondientes; son las posiciones que dejaron tanto Rosmi Bonilla, que salió hace un año del Comité de Participación Ciudadana, y la convocatoria que tampoco aún se emite para relevar a Elizabeth Vázquez, esto pese a que está a mes y medio de entregar el cargo, en el cual duró 5 años.
Los primeros cinco designados como integrantes hicieron un importante trabajo para sentar las bases de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción; ayudaron a echar a andar este sistema que no termina por cuajar. Muchas de las veces por la falta de disposición del resto de las instituciones integrantes. Los intereses particulares de algunos se les han confrontado y no les dejaron avanzar como se hubiera querido.
El Sistema Estatal Anticorrupción es un organismo donde participan varias instituciones del ramo, desde la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), hasta el Tribunal de Justicia Administrativa, pasando por la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de Contraloría, todos estos coordinados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema que por cierto también está en proceso de llevarse a cabo la selección de quien relevará a la actual titular; entre todos estos el organismo que representa a los ciudadanos en la lucha contra la corrupción es el Comité de Participación Ciudadana, el cual, conforme pasa el tiempo, comienza a mermarse.
Lo que no se entiende es de quién podría ser el interés particular por dejar que este organismo ciudadano sea más endeble, débil. ¿Será que lo están dejando morir?
