Morelia/Samuel Ponce Morales
El Gobierno federal en Michoacán, a través del comisionado Alfredo Castillo Cervantes, en los hechos ha demostrado que hay una aplicación especial en la aplicación de la ley.
De lo anterior hay dos casos que lo ejemplifican, el del ex secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, y el del ex vocero de las los ex autodefensas, José Manuel Mireles; al primero se le vincula con el crimen organizado y al segundo, aparte de sus antecedentes penales, se le investiga por la muerte de cinco personas en Caleta de Campos.
Sin embargo, ambos, el ex funcionario y el también ex migrante tiene dos cosas en común: con sus correspondientes aristas, son fuertes críticos de la intervención federal en territorio michoacano, y cada uno, en su momento, fueron obstáculos, aunque transitorios, para implementar la estrategia federal en materia de seguridad pública.
Eso, esa crítica, hace la diferencia para que se aplique aun con mayor rigor la fuerza del derecho a cada uno por separado; aun así, hay una diferencia, hacia el ex vocero de las ex autodefensas se le da una extraordinaria carga de linchamiento mediático, inusual, pero sin considerar que en esa acción hay por igual una erosión en la imagen gubernamental, más allá de que eso parece no importar.
