Al menos 820 magistrados de Circuito y jueces de Distrito del país solicitaron la intervención «urgente» del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante los graves daños a sus derechos humanos que dijeron podría causarles la reforma judicial, aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con El Universal, de manera concreta, los juzgadores pidieron al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y a la CIDH que, en el marco de sus respectivos mandatos, pidan a México que suspenda el trámite legislativo de la propuesta judicial o, en su caso, se suspenda su ejecución.
Indicaron que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es abierta y notoriamente violatoria de los derechos humanos reconocidos, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano.
En este marco, los magistrados y jueces advirtieron que defenderán, por todos los medios a su alcance, la democracia, el Estado de derecho y la división de poderes que «en México se están viendo gravemente dañados por la postura claramente antidemocrática de la fuerza política que se hizo del poder».
Consideraron que aún no es tarde para que el Senado de la República, por sí mismo y en el marco de su legítima función, frene la reforma que «es claramente violatoria de derechos humanos y que generará enormes e irreversibles daños en nuestra ya de por sí frágil democracia, pero también afectará irremediablemente nuestra posición económica ante el mundo y que traerá condenas internacionales y descrédito para nuestra Nación».
