Congreso y ACNUR trabajan en leyes para desplazados

(Foto | Alfredo Soria/ACG)
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Morelia, Mich. | ACG/Alfredo Soria.- En el Congreso del Estado de Michoacán se llevó a cabo una mesa de trabajo con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), donde se abordó la necesidad de legislar en materia de desplazamiento forzado y refugio en la entidad.

La diputada local Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política, destacó la importancia de identificar los aspectos en los que el Congreso puede intervenir para garantizar los derechos de las personas desplazadas y refugiadas.

Daniel McGuire, representante de ACNUR en México, subrayó que el desplazamiento forzado es un fenómeno transversal que requiere una legislación estatal específica, con claridad en la coordinación, rutas de atención y financiamiento progresivo para su implementación.

Xóchitl Gabriela Ruiz González, diputada local y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, señaló que el desplazamiento en Michoacán, particularmente en municipios como Coalcomán y Aguililla, ha sido un problema de larga data vinculado a la inseguridad, dejando comunidades con población reducida y vulnerable.

La diputada local Jaqueline Avilés Osorio, presidenta de la Comisión de Migración, resaltó la relevancia del tema y la disposición del Congreso para impulsar acciones y políticas que atiendan el fenómeno migratorio y de desplazamiento interno en el estado.

Miriam Heredia Zartuche, jefa de la Oficina de ACNUR en Michoacán, mencionó que otras entidades como Sinaloa, Guerrero, Zacatecas y Chiapas ya cuentan con leyes en la materia, por lo que se ofreció asistencia técnica para el desarrollo de una legislación en Michoacán.

El diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Juan Antonio Magaña de la Mora, reconoció la necesidad de legislar en este tema, dado que el desplazamiento forzado en México suele estar ligado a la violencia. Aseguró que la 76ª Legislatura tiene apertura para trabajar en iniciativas que garanticen los derechos humanos de la población afectada.

Fotos: Alfredo Soria/ACG.