Morelia/Héctor Tapia
La expectativa estaba puesta en el Congreso del Estado. Medios, políticos, analistas, autoridades, desde semanas antes traían el tema de la urgencia del análisis y aprobación del Decreto 22 para el refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública.
La orden del día contemplaba tres puntos; sin embargo el primero de ellos, el del Decreto 22, presentado como iniciativa por parte del gobierno del estado.
Ese era el punto que se esperaba, dado que a partir de este se podría asegurar el flujo de recursos para el pago de proveedores, y como inversión productiva.
Previo a la sesión para votar el tema, se venían trabajando dos propuestas de dictamen, una presentada por los diputados en mayoría, es decir los del PRI, y varios más de otros partidos como el PAN, y uno más presentado por un grupo minoritario de los legisladores.
Éste segundo fue desechado, y prevaleció el dictamen presentado por el gobierno del estado, y que fue defendido a capa y espada por los legisladores priístas. Ya desde el martes, en comisiones, el decreto había sido aceptado.
El bullicio en la sala de plenos era evidente, el tema había venido siendo duramente criticado por los legisladores de izquierda, principalmente, y por algunos panistas que también externaron, en el transcurso de la sesión, su desacuerdo con el decreto presentado por el gobierno estatal.
Entre los asistentes a la sesión estaba el Secretario de Finanzas del gobierno del Estado, José Carlos Rodríguez Pueblita, acompañado por sus asesores. A quien en el transcurso de la sesión se le criticó por estar en la misma, por parte del PRD. Estuvo atento a cada exposición que se realizó durante la sesión.
El primero en tomar la palabra fue el diputado perredista Armando Hurtado Arévalo quien se fue contra el legislador, y presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso Martínez Alcázar. Desde la tribuna le encaró al propio Martínez Alcázar, le señaló de incongruente al contradecir a lo que el legislador Alfonso Martínez había dicho inicialmente.
José Eduardo Anaya, diputado emanado del PRI de entrada todo su argumento fue para respaldar el decreto que había pasado comisiones un día antes.
En el segundo piso del recinto legislativo solo un par de jóvenes, en silencio y con pancartas, se manifestaron en contra de la aprobación del dictamen. Se mantuvieron de pie durante toda la sesión.
Luego vino la intervención de la diputada Selene Vázquez Alatorre, aquí comenzó a tirar indirectas sobre contratos irregulares y falta de transparencia; los diputados del PRI contestaron, entre ellos Omar Bernardino y Eduardo Orihuela Estefan.
Aquí comenzaron los señalamientos entre los que estaban a favor y en contra del dictamen; los que estaban en contra del dictamen de mayoría argumentando que el decreto en las condiciones en que se aprobó no garantizaba la transparencia y el manejo adecuado de los recursos.
En contraparte, los que estaban a favor del dictamen que finalmente se aprobó, los del PRI mayoritariamente, señalando que la izquierda no estaba favoreciendo la estabilidad financiera del estado, ni a favor de que Michoacán saliera de la crisis financiera por la que pasa por la falta de empleos y recursos destinados a inversión y pago a proveedores.
Finalmente el Decreto 22 fue aprobado con 25 votos a favor y quince más en contra; casi todos los diputados perredistas, y de izquierda, votaron en contra de la misma, a excepción de la legisladora por el distrito de Lázaro Cárdenas, Silvia Estrada Esquivel, que contravino a la mayoría de los diputados de su bancada, aludiendo a cuestiones de responsabilidad.
