Morelia/Héctor Tapia
Previo al anuncio público de la Secretaría de Gobernación, de que por instrucciones del gobierno de la República la Comisión para la Seguridad de Michoacán había llegado a su fin, el hasta ese momento titular del organismos, Alfredo Castillo Cervantes hizo un cuadro comparativo entre la situación que se vivía en el estado antes de su llegada y las circunstancias actuales.
A poco más de un año de la creación de la comisión, el 15 de enero del 2014 se creó por decreto presidencial, justificó la misma diciendo que se dio a partir de la solicitud hecha por el mismo gobierno del estado desde el 10 de enero del año pasado, y que formalizó firmando un acuerdo tres días después, para que se concretara el apoyo federal.
Aquí hizo un cambio en el tono de su mensaje, que aunque breve, dijo que “a un año de distancia es importante recordar, para aquellos de corta memoria, el ambiente que prevalecía en Michoacán a la llegada del gobierno federal”.
Recordó que el control territorial era prácticamente nulo por parte de las autoridades, ya que estaba en manos del crimen organizado, específicamente “de los mal llamados Caballeros Templarios”. Refirió que tanto policías municipales, estatales y ministeriales funcionaban como brazo armado para el cártel”, por lo que “era evidente” la debilidad institucional del estado.
“Esta infiltración, y hasta complicidad con el crimen organizado, llegó a las más altas esferas del gobierno estatal y a varios gobiernos municipales”, apuntó el, hasta ese momento, Comisionado.
Tras hacer una remembranza de la situación que enfrentaron los distintos grupos de la sociedad michoacana, que iban desde extorsiones, secuestros, violaciones y asesinatos, Castillo Cervantes reconoció que ante estas circunstancias grupos de ciudadanos (las autodefensas) “optaron por tomar las armas, con un doble objetivo, primero enfrentar con sus propios recursos al crimen organizado; segundo, exigir la presencia del estado para que las instituciones d procuración de justicia estuvieran al servicio de la gente y no de la delincuencia organizada”.
Sobre estos dijo que si bien tenían la voluntad, no tenían la organización ni preparación para proteger “a las comunidades en sus derechos”. Dijo que “muchos de estos grupos fueron cooptados o infiltrados, había hombres valientes pero no los mejores”, refirió.
Los logros
Ya en el terreno de entregar una evaluación, Castillo Cervantes detalló los logros que se obtuvieron desde su llegada a la Comisión.
Aseguró que la estructura criminal de los caballeros templarios, prácticamente desarticulada; “se detuvieron 32 jefes de plaza, y se abatieron a los dos principales jefes del grupo delincuencial: Nazario Moreno González y a Enrique Plancarte”.
“La Tuta nunca fue el verdadero líder, fue la figura mediática para permitir a Nazario moreno seguir actuando con total impunidad”, indicó.
A partir de esto, agregó, “la tuta paso de ser la figura mediática a un delincuente furtivo, existe pero ya no da la cara, existe pero ya no incide en la vida pública”.
Dijo que se atacaron las fuentes de financiamiento y capital económico de Los Caballeros Templarios; en este sentido, detalló, “se aseguraron 105 inmuebles con un valor superior a los mil millones de pesos, solo las propiedades aseguradas a una persona, que era el operador de este cartel tenían un valor de más de 500 millones de pesos”.
Los aseguramientos se dieron principalmente en los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Múgica, Tumbiscatío y Apatzingán, “por señalar los principales lugares de conflicto”.
También se capturaron 80 templarios secuestradores y se desarticularon 375 bandas por diversos delitos.
En minerales, dijo, “se aseguraron más de un millón de toneladas”; además, apuntó, se aseguraron 11 patios de acopio, los cuales además de almacenar generaban un daño importante al medio ambiente
Además, remarcó, “se han detenido a un ex gobernador interino y secretario de gobierno, a un hijo de un ex gobernador, 225 servidores públicos de todo el estado, 3 ex secretarios de estado, 8 presidentes municipales, un tesorero, dos síndicos, 11 directores municipales de seguridad pública, 3 subdirectores de seguridad pública municipal, 8 policías ministeriales, 29 policías estatales, 150 policías municipales, más los que resulten en próximas fechas”.
En su intervención ante los asistentes, dijo que a partir de la llegada de Salvador Jara “no se ha desviado ni un solo peso del presupuesto federal, todos los recursos han sido ejercidos de manera puntual en los programas y convenios etiquetados”.
Registro de armas
Recordó que con los líderes de las autodefensas se pactó el 14 de abril que se institucionalizarían a partir del 10 de mayo.
Se dio a través de la Fuerza Rural Estatal, “que permitió contar con un registro no sólo de los integrantes sino de quienes se registraron, se recibieron más de 5 mil solicitudes en tan solo tres semanas”, dijo.
Aseguró que ante lo que calificó como el fortalecimiento de las instituciones, “y la desarticulación del grupo hegemónico, las autodefensas perdieron razón de ser, pero no de participar en las tareas de seguridad pública para aquellos que tenga vocación de servicio a favor de sus comunidades”.
Reconoció que la información y conocimiento del territorio de parte de las autodefensas “fue fundamental para asestar golpes contundentes a la delincuencia organizada. Sin su participación en el 2014, el gobierno no hubiera podido recuperar la base social”.
Dijo que “lamentablemente, varios confundieron la confianza de la autoridad en supuesta complicidad y terminaron violentando los acuerdos establecidos; ante esto las instituciones actuaron y se aplicó la ley”.
En ese proceso de regularización, señaló Alfredo Castillo, se registraron entre abril y mayo de ese año 8 mil 631 armas, “propiedad de los ciudadanos armados sin conceder permiso alguno de portación”, y fue a partir del 11 de mayo que comenzó el retiro de las barricadas que se habían puesto como puntos de control”.
Señaló que a un año de iniciados los trabajos de la comisión, “los resultados son evidentes en la mayoría de los objetivos; aun así no podemos echar campanas al vuelo, es evidente que la transformación no se puede lograr en tan sólo 12 meses, pero también es evidente para que el actual gobierno y el posterior tenga n condiciones diferentes a las que se vivieron en los últimos años”.
Concluyó diciendo que “como todo en la vida, hay aciertos y hay errores, La historia nos juzgará en su debido momento, lo importante no son los plausos ni la crítica, sino el trabajo diario que hoy se traduce en resultados para los michoacanos”.
