Morelia/Samuel Ponce Morales
Cuando un helicóptero del Gobierno de Michoacán se vino tierra durante un operativo contra el crimen organizado en la sierra de La Huacana, los primeros reportes indicaban que había sido derribado con un fusil antiaéreo.
Una línea de investigación apuntaba a que los agresores habían empleado un arma tipo Barret, de calibre .50, utilizadas en conflictos bélicos contra objetivos fijos y móviles, en tierra o en aire.
Y no era descabellada la hipótesis. Aun cuando no se conocía el resultado de los primeros peritajes, los cuales determinaron que la aeronave se desplomó por una maniobra del piloto para esquivar un ataque armado, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo ya había urgido a revisar la estrategia para frenar el tráfico de armas en el país.
El Mandatario michoacano reveló que en informes militares se advierte del problema que hay de tráfico de armamento, tanto por vía marítima como terrestre.
«El Almirante de la Región Naval a la que pertenece Michoacán nos hacía referencia de lo complicado que está no solamente por tierra el tráfico de armas y drogas, sino por mar. Es un tráfico muy fuerte, que habrá que reforzar las medidas de control para identificar de dónde salen y a dónde llegan», señaló ante reporteros.
Dijo que, en el caso de Michoacán, los criminales cuentan con 230 kilómetros de litoral por donde poder introducir las armas.
«Ve tú a saber en qué punto encuentran la manera de ingresar las armas, más las que seguramente entran por tierra, pero esto es un tráfico mundial”, reconoció.
Y añadió: “mientras los vecinos del norte no regulen bien el tema de la venta y fabricación de armas, para empezar, tenemos un foco amarillo o rojo, aparte de que también llegan de otros países».
Recordó que, en febrero pasado, previo a la visita del Papa Francisco, fue detectado en Guanajuato un vehículo que transportaba dos fusiles Barret, calibre .50, como la que, se pensaba, había derribado el helicóptero oficial el pasado martes.
También en los últimos días han sido decomisados en la entidad un Barret, un tubo lanzagranadas y siete tubos estabilizadores, cinco de ellos con carga, así como dos lanzacohetes y dos misiles RPG, estos últimos de fabricación rusa.
En la caída del helicóptero fallecieron el piloto y cuatro agentes investigadores de la Policía Ministerial del Estado.
Al día siguiente del siniestro, Aureoles recorrió la zona donde ocurrieron los hechos, un predio de la comunidad de El Chauz, Municipio de La Huacana.
Desde ahí, lanzó un desafío a los delincuentes: «Vamos por la detención de todos los líderes criminales que han asolado a nuestro Estado. Estén donde estén vamos a encontrar a estos criminales», expresó ante elementos castrenses y policíacos que resguardaron el sitio.
El perredista se refirió a los delincuentes como auténticos mercenarios, que han infligido sufrimiento a los michoacanos. Esa misma tarde, se brindó un homenaje a los oficiales caídos.
«Hoy la Procuraduría General de Justicia en Michoacán (PGJE) está de luto. Hemos perdido a cinco hombres de gran valía, que siempre concibieron esta tarea como un área de oportunidad para servir”, expresó el Procurador del Estado, Martín Godoy, desde el hangar de la dependencia.
«Si piensan que con esto nos detienen, nos asustan, nos amedrentan, se equivocan. Al contrario, la muerte de nuestros compañeros no va a quedar impune», reiteró, por su parte, el gobernador.
Los elementos caídos son el piloto Fernando López Valdez y los agentes Mario Ángel Lima Gallardo, Martín Domingo Picasso, Julio Morales y Yezid Ibáñez Miranda.
