RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Morelia, Mich.- 17 de febrero de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, rechazó que exista una persecución política o la intención de promover un juicio político en contra de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, luego de que trascendiera que el personal de dicho Ayuntamiento podría ser «acarreado» hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) para manifestarse junto a la alcaldesa por la muerte de su esposo, Carlos Manzo.

El mandatario estatal afirmó que el tema que actualmente se encuentra en discusión pública en Uruapan está relacionado con denuncias ciudadanas por presuntos cobros excesivos del impuesto predial en el municipio, y no con un asunto de carácter político.

Ramírez Bedolla señaló que desde hace un par de semanas ha tenido conocimiento de quejas presentadas por contribuyentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, derivadas de incrementos que, en algunos casos, van del 300 al mil por ciento en el recibo del predial.

De acuerdo con lo expuesto, hay ciudadanos que pagaban entre 500 y 800 pesos y que este año recibieron cobros por hasta 5 mil, 6 mil o incluso 7 mil pesos, situación que calificó como “sorpresiva” para los contribuyentes.

El gobernador precisó que las inconformidades han sido promovidas por la vía administrativa contra el tesorero y el Ayuntamiento, y no directamente contra la presidenta municipal. Subrayó que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán es un órgano autónomo, que no depende del Ejecutivo ni del Congreso local, por lo que será esa instancia la que determine en cada caso si la actualización catastral y los nuevos montos son procedentes.

Asimismo, explicó que el Congreso del Estado autorizó para este año un aumento general aproximado del 6 por ciento en el predial, como ocurrió en otros municipios; sin embargo, los incrementos mayores estarían vinculados, según lo argumentado por el Ayuntamiento, a una actualización catastral.

En ese contexto, indicó que diputadas y diputados locales han solicitado a la Auditoría Superior de Michoacán revisar el procedimiento y determinar si hubo irregularidades en la aplicación de los nuevos valores.

“El ciudadano tiene el derecho de acudir a la vía judicial administrativa cuando considere que hay un cobro indebido o desproporcionado”, expresó el mandatario, al reiterar que se trata de un tema “100 por ciento administrativo y ciudadano”.

Finalmente, Ramírez Bedolla aseguró que el Gobierno del Estado mantiene una relación institucional y de colaboración con la alcaldesa de Uruapan, con quien, dijo, recientemente sostuvo reuniones para revisar proyectos de obra pública en el municipio.

“Tenemos toda la voluntad de seguir apoyando a Uruapan y a su presidenta municipal”, concluyó, al insistir en que las denuncias por el incremento del predial no constituyen persecución política ni ameritan juicio político, sino que deberán resolverse en las instancias administrativas correspondientes.