Morelia, Michoacán.- La recepción de la iniciativa del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para retirar del patrimonio estatal 30 inmuebles detonó un choque político en el Congreso del Estado, donde, antes de que iniciara la discusión de fondo, diputadas y diputados protagonizaron una toma de tribuna, reclamos por presunta ilegalidad en el trámite y advertencias de acudir a instancias jurisdiccionales.
Durante la sesión pública celebrada en Morelia, la Mesa Directiva informó la recepción del proyecto de decreto mediante el cual se solicita autorizar al titular del Poder Ejecutivo la desincorporación de diversos bienes inmuebles, con el propósito de enajenarlos al Fideicomiso de Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán de Ocampo y al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Al momento de dar trámite al asunto, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Nalleli Pedraza Huerta, instruyó el turno exclusivo a la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, lo que abrió el primer frente de inconformidad en el pleno.
Desde su curul, la diputada de Morena, Sandra Olimpia Garibay Esquivel, solicitó que el expediente también fuera enviado a la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial e Infraestructura, al argumentar que se trata de un procedimiento de desafectación y enajenación de bienes inmuebles propiedad del estado, materia que corresponde a ese órgano legislativo.
La tensión aumentó cuando la también morenista, Belinda Hurtado Marín, recordó el antecedente de 2021, cuando se tomaron el Congreso y Palacio de Gobierno para impedir un proceso similar durante la administración del entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo.
Desde tribuna advirtió: “Ojalá que no sean los mismos bienes por el cual no dejamos que Silvano y esa Legislatura hiciera la desincorporación”.
La legisladora cuestionó quién realizará los avalúos, bajo qué criterios se seleccionaron los predios y a quiénes se pretende venderlos.
En ese contexto subrayó: “Es el patrimonio de los ciudadanos”, y pidió que el análisis se realice con apertura a la participación de más diputadas y diputados.
En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, sostuvo que el procedimiento ya había sido explicado previamente en una reunión con el gobernador y afirmó que cualquier integrante del Congreso puede acudir a las comisiones con derecho a voz.
Incluso ordenó la lectura de un artículo de la Ley Orgánica para explicar la figura de los turnos conjuntos, sin que ello lograra disminuir la confrontación.
El debate se avivó cuando la diputada del PAN, Vanessa Caratachea, señaló que, según el propio documento, no se trata únicamente de 30 predios, sino de 38 inmuebles, de los cuales cuatro serían donados y 34 vendidos, con un valor catastral conjunto de 509 millones 290 mil 547 pesos.
En tribuna remarcó: “No son tres pesos”, y también cuestionó que se utilicen avalúos catastrales y no comerciales, pidió la lectura de disposiciones específicas de la ley y advirtió que, de no turnarse el expediente a la comisión que considera competente, su bancada acudirá a tribunales.
Desde Morena, el diputado, Juan Pablo Celis Silva, defendió la iniciativa y reconoció que en 2021 se frenó un proceso similar, aunque afirmó que el escenario actual es distinto, al señalar que en aquel momento se enfrentaba “un estado quebrado”.
Aseguró que ahora existe un reordenamiento financiero y que la desincorporación no tiene como objetivo cubrir gasto corriente.
Ante el incremento de intervenciones y reclamos, la Presidencia insistió en que el punto del orden del día no era discutir el fondo del proyecto, sino únicamente darle trámite.
En ese momento, la diputada, Giulianna Bugarini Torres, solicitó una moción de orden para continuar con la sesión, la cual fue aprobada por una votación dividida.
Minutos después, las diputadas Sandra Olimpia Garibay Esquivel, Itzé Camacho, Vanessa Caratachea y Belinda Hurtado Marín subieron a la tribuna y la ocuparon en señal de protesta.
Ante la toma, el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García decretó un receso y convocó a los coordinadores parlamentarios.
Reanudados los trabajos, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Grecia Aguilar, afirmó que su bancada no fue convocada a la reunión previa en la que, según se había mencionado, se explicó el procedimiento de la iniciativa.
Exigió que se detalle cuáles predios serán donados, cuáles vendidos y cuál será el destino de los recursos.
Por su parte, la diputada del PRI, Adriana Campos Huirache, reprochó que se privilegien encuentros con algunas fuerzas políticas y con otras no.
“No podemos legislar con reuniones con unos sí y otros no”, sostuvo al demandar que se informe formalmente lo tratado con el Ejecutivo.
Por el PRD, el diputado, Octavio Ocampo, pidió concentrar el debate en el trámite legislativo, pero al mismo tiempo recordó que nadie está por encima del Pleno y que no se puede limitar el uso de la palabra de las y los legisladores.
La coordinadora del Partido Verde, Sandra Arreola, se sumó a las críticas por los intentos de acotar las participaciones y advirtió: “La voz no es concesión, es derecho democrático”, al señalar que restringirla debilita al propio Congreso.
Más adelante, la diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel, en su calidad de presidenta de la Comisión de Obra Pública, volvió a exigir que la iniciativa se turne también a la comisión correspondiente, y cuestionó la omisión al plantear: “¿Qué hay tras de esta omisión?”.
El presidente Baltazar Gaona respondió que su actuación se dio con el propósito de mantener el orden en la sesión y explicó que los turnos no se determinan de manera unilateral, sino en la Conferencia, mediante voto ponderado de los coordinadores parlamentarios.
No obstante, ofreció una disculpa si algún legislador se sintió limitado en el uso de la palabra.
En la etapa final de la discusión, el coordinador del PAN, Antonio Salas, propuso que la Conferencia defina con mayor claridad los turnos de los asuntos para evitar nuevos conflictos, mientras que el coordinador del PT, Reyes Galindo, defendió que el orden del día y los turnos son atribución de ese órgano, aunque reconoció la necesidad de mejorar las prácticas internas.
Pese a los reclamos, la iniciativa para desincorporar 30 predios del patrimonio estatal quedó turnada únicamente a la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, con lo que, entre gritos, señalamientos de opacidad y una tribuna ocupada, arrancó un proceso legislativo que ya exhibe una profunda división política en el Congreso.
