Morelia, Mich. | Redacción.- Participantes en el Parlamento con Perspectiva de Discapacidad realizado en el Legislativo de Michoacán, denunciaron la falta de leyes efectivas contra la discriminación y exigieron que las normas existentes contemplen sanciones reales para quienes vulneren sus derechos.

Durante el Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, los participantes insistieron en colocar, en la agenda legislativa, una exigencia central: que las leyes contra la discriminación contemplen sanciones y mecanismos de aplicación inmediata.

Desde tribuna, las intervenciones coincidieron en que la exclusión persiste pese a la existencia de normas, por lo que demandaron pasar del reconocimiento de derechos a su cumplimiento efectivo.

“Hoy no vengo a pedir, vengo a exigir leyes reales para hacer valer nuestros derechos”, expresó Dulce Rojas Ornelas, quien además planteó la necesidad de crear herramientas para denunciar actos discriminatorios en tiempo real.

En ese mismo posicionamiento, la parlamentaria advirtió que las conductas de exclusión deben tener consecuencias.

“Que creen una figura que nos permita denunciar la discriminación de manera inmediata, y que haya consecuencias legales”, agregó.

Las denuncias también se centraron en las condiciones cotidianas que enfrentan las personas con discapacidad.

“Debemos luchar por cosas tan básicas como el transporte público, un lugar digno en una escuela”, señaló la misma participante al evidenciar barreras en movilidad y educación.

En materia de servicios públicos, otra de las demandas expuestas fue la falta de accesibilidad en la atención institucional.

“Vivimos un inacceso a los servicios de interpretaciones, es algo urgente que debe ser atendido”, comentó David Gerardo Guzmán Gaspar, al referirse a la ausencia de intérpretes en hospitales y oficinas gubernamentales.

Las exigencias también incluyeron el derecho al trabajo, pues Everardo Casillas Gasca cuestionó los prejuicios hacia personas con discapacidad intelectual.

“La gente piensa que no podemos trabajar, pero eso no es cierto”, dijo, y propuso acompañamiento laboral como parte de una política pública obligatoria.

Otro de los señalamientos apuntó a la falta de infraestructura y cumplimiento normativo.

“Pese a que existimos más de 70 mil personas con debilidad visual, a la fecha no se ha instalado un semáforo sonoro”, señaló Alejandro Landín González, al evidenciar omisiones en materia de accesibilidad urbana.

A nivel general, el mensaje de los parlamentarios fue que la discriminación tiene un origen estructural.

“No pedimos compasión, sino respeto”, señalaron durante el ejercicio, al insistir en que las políticas públicas deben garantizar igualdad de condiciones.

En esa misma línea, recalcaron que la inclusión no puede seguir siendo discursiva.

“La legislación existe, pero no se cumple”, fue uno de los diagnósticos reiterados durante la jornada, en la que se exigió traducir las normas en acciones concretas.

Las participaciones también incluyeron un llamado a que las decisiones públicas se construyan con este sector.

“No se puede hablar de nosotros sin nosotros”, expresaron, al exigir participación directa en la elaboración de leyes y políticas.

Finalmente, los parlamentarios coincidieron en que la falta de sanciones mantiene prácticas de exclusión, por lo que urgieron a que el Congreso incorpore sus propuestas en reformas que contemplen consecuencias legales frente a la discriminación.