COLUMNA ACUEDUCTO | FILTROS DE PAPEL Y CANDADOS REALES: EL DOBLE FILO DE LA REFORMA ELECTORAL EN MICHOACÁN
Si, hoy en día, una parte de la entidad presume una reforma electoral supuestamente histórica y de vanguardia nacional. El Congreso del Estado de Michoacán se colgó la medalla al legislar la nulidad por crimen organizado. Una jugada audaz en el discurso, pero sumamente peligrosa en la terca realidad.
Tipificar la intromisión delictiva suena a golpe de autoridad desde la tribuna parlamentaria. Sin embargo, los hacedores olvidaron el pequeño detalle de las reglas operativas. Casi nadie explica cómo se probará el miedo o la coacción en las urnas electorales.
El riesgo de parálisis institucional está latente para el proceso electoral. Cualquier candidato perdedor podrá usar el fantasma del narco para impugnar sus derrotas. Los tribunales se saturarán de sospechas legítimas, pero huérfanas de pruebas jurídicas.
Para colmo, la reforma dejó en el total desamparo a los denunciantes. No existen mecanismos de protección ni canales anónimos para quienes aporten las pruebas necesarias. Exigirle heroísmo al ciudadano o al funcionario de casillas en la región de Tierra Caliente es una crueldad.
La citada instancia de integridad carece de dientes reales para morder delincuentes. La última palabra para bajar a un candidato sospechosos la tendrán los partidos políticos; es decir, dejamos la iglesia en manos de Lutero, como siempre.
Este nuevo órgano auxiliar local nace atado de manos y bajo una absoluta dependencia. Para prender alertas financieras o criminales, necesitará que la federación comparta información de inteligencia. Un flujo burocrático que, por tiempos y cálculos políticos, llegará demasiado tarde a la contienda.
Al menos, la inhabilitación inmediata ante sentencias firmes por corrupción es un avance normativo. El texto intenta blindar la moralidad administrativa frente al saqueo de las arcas públicas. Veremos si la fiscalía local tiene la capacidad de procesar dichos expedientes a tiempo.
El rostro autoritario
El verdadero rostro autoritario de la reforma aparece en las candidaturas independientes. Les prohibieron unirse, compartir emblemas y coordinar esfuerzos ciudadanos con total dolo. El mensaje de poder es claro: juegas con partido o te extinguimos.
Por si fuera poco, les aplicaron un veto absoluto a su identidad visual. Los ciudadanos sin partido ya no podrán compartir eslóganes, emblemas ni marcas registradas comunes. Una estrategia diseñada con dolo para atomizar su fuerza frente al financiamiento de los partidos tradicionales.
Esta asfixia contrasta con la supuesta paridad de género obligatoria que les impusieron. Les exigen cumplir las mismas obligaciones de los partidos, pero les arrebatan los derechos políticos mínimos de asociación. Una competencia tramposa e inequitativa avalada por mayoría congresista.
Avances con deudas
Celebrar los candados a deudores alimentarios es de elemental justicia. Elevar la idoneidad moral para impedir que los violentadores familiares o políticos lleguen al poder es un acierto. Michoacán se pone al día en una agenda que era impostergable.
Aun así, persisten vacíos institucionales graves en materia de violencia política de género. Faltó reformar a fondo las controlarías internas y comisiones del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). El acompañamiento real y las medidas de protección efectivas para las víctimas siguen siendo promesas.
La prevención en el ámbito privado y digital quedó fuera de las prioridades de los hacedores de la reforma. Las instituciones carecen de herramientas integrales para intervenir antes de que las candidatas sufran un desgaste sistemático. Se legisla para sancionar el daño hecho, no para evitar la agresión.
Inclusión simulada
La reforma presume inclusión al integrar directamente a la primera minoría municipal en el Cabildo. Que la planilla perdedora del segundo lugar ocupe la primera regiduría garantiza pluralidad inmediata. Una medida que sacudirá los monopolios de los alcaldes en el control de sus Gobiernos.
No obstante, las consultas para validar la autoadscripción de grupos prioritarios quedaron a medias. Aunque el IEM está obligado a realizar consultas previas a indígenas, la fiscalización comunitaria es laxa. El riesgo de que persistan los falsos representantes indígenas o afrodescendientes sigue latente.
En el plano financiero, la reforma aplicó los topes salariales y amarró las manos presupuestales del Congreso. Limitar el gasto legislativo al 0.70 por ciento del presupuesto estatal suena a una encomiable austeridad. El reto será vigilar que esos ahorros no se desvíen a las campañas oficiales.
Por cierto, el Congreso está impedido para reducir las prerrogativas a los partidos político porque la fórmula matemática para hacerlo está blindada por la Constitución del país, bajo el supuesto de garantizar la equidad y evitar dinero ilícito.
CANTERA
A propósito de los festejos del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que no se nos olvide dos escándalos de irregularidades que quedaron impunes: las autoliquidaciones ilegales y el manejo de 15 millones de pesos, uno de los involucrados pretende la rectoría de la UMSNH.
CANTERITA
Toc, toc… La oscilante violencia en territorio michoacano, de la región purépechas al oriente.
GOTEO
Si, dónde está la morenista Gladys Butanda Macías; dónde…
