El demoledor sismo institucional que sacudió al INE tras las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación deja una lección tajante para los organismos locales. En el caso del El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) está obligado a poner de inmediato sus barbas a remojar con extrema cautela. Y es que la situación nacional exige andar con cuidado en sus operaciones cotidianas. La meta es clara: blindar la gestión financiera para que no exista espacio ni para la más mínima sospecha.
Cierto, aunque hasta el momento, a primera vista, las cuentas del órgano electoral local se mantienen libres de indicios de corrupción, el horno no está para bollos. Por lo pronto, los antecedentes de choques internos por designaciones verticales y la falta de consensos en la era de Selene González Medina adquieren hoy un matiz de alto riesgo. En adelante, cualquier resquicio de discrecionalidad o imposición de perfiles será usado como arma política por la oposición local.
La historia reciente juega en contra Organismo Público Local Electoral (OPLE) michoacano, que ya conoce en carne propia el costo de ser removido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Con el arranque formal del Proceso Electoral 2026-2027 para renovar la gubernatura, diputaciones y alcaldías, el margen de error se ha reducido a cero. Si, el arbitraje de los comicios exige un blindaje técnico absoluto que disipe cualquier sospecha de colonización externa.
Hay que puntualizar que situar las barbas a remojar implica transitar de la rigidez administrativa a una transparencia radical y una colegialidad auténtica. El escrutinio público no buscará errores menores, sino señales de debilidad institucional en el manejo de los recursos públicos. Además, el IEM, sobre todo su consejera presidenta, debe conducirse con impecabilidad legal y neutralidad política como la única vía para que el conserve su permanencia y credibilidad.
