David Alejandro Delgado Arroyo.
El pasado 18 de agosto el Consejo General del INE, tomó tres acuerdos respecto a las tres dimensiones del presupuesto 2027 que será puesto a consideración de la Cámara de Diputados, a través de la Presidencia de la República; el primero se refiere al financiamiento público a los partidos políticos que asciende a $10,842,653,927.00, el segundo se refiere al Presupuesto de Operación Ordinaria del Instituto Nacional Electoral, cuyo monto es de $31,431,887,800.00, y, finalmente un presupuesto precautorio para la eventual organización de una Consulta Popular y de un Proceso de Revocación de Mandato para 2027, con un monto de $4,736,121,734.
Si sumamos estos tres segmentos, nos resulta en $47,010,663,461.00, pero que en la dimensión del Gasto Neto Total del Presupuesto de Egresos de la Federación que con toda seguridad será superior a los 10 billones de pesos, lo que solicita el INE, en su conjunto, será inferior a 45 centavos de cada 100 pesos de Presupuesto.
Llevo todo lo que va de este siglo escuchando argumentos sin un soporte objetivo sobre la dimensión del presupuesto, que ha presionado el Presupuesto del INE a dimensiones que ya están cruzando la frontera entre lo que debería hacer y lo que no puede hacer por falta de presupuesto.
Inclusive, en este presupuesto ya se ven reflejados los efectos de la reforma constitucional al artículo 134, que implica una reducción de remuneraciones a los altos mandos del instituto Nacional Electoral y la supresión total de dos tipos de prestaciones a todo el servicio profesional electoral nacional y personal de la rama administrativa de mando. Sin embargo, en los hechos se demuestra que este tipo de medidas no lleva consigo un efecto de reducción significativa del Gasto Electoral.
Comencemos reflexionando el primer segmento, que se refiere al financiamiento a los partidos políticos, su cálculo responde a una fórmula constitucional, que toma como base el número de personas ciudadanas inscritas en el padrón electoral, lo que se multiplica por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El resultante se distribuye en un 70% a la fuerza electoral de los partidos políticos nacionales y el 30% de manera igualitaria, para gasto ordinario; un 30% adicional del monto resultante para gastos de campaña, distribuyéndose de la misma forma, además de un 3% adicional del primer monto resultante para actividades específicas.
Inclusive en este segmento se encuentra el financiamiento a las candidaturas independientes.
De este primer segmento, no hay para donde hacerse, es un monto fijo, variarlo sería anticonstitucional, aun cuando sea la propia Cámara de Diputados.
El segundo segmento, es para el gasto operativo del Instituto Nacional Electoral, que se divide en $14,036,192,356.00 para presupuesto base y $17,395,695,444.00 para Cartera Institucional de Proyectos.
Algunos opinadores han puesto sobre la mesa el crecimiento presupuestal de estos gastos de una elección comparable, como la intermedia de 2021, con la que vendrá en el 2027. Sin embargo, a las cifras hay que agregarle dos elementos fundamentales: en primer lugar, la inflación de 6 años, que asciende al 35%, además de las presiones en el presupuesto sobre el bienvenido incremento a los salarios mínimos, que ascienda en 6 años al 155%.
El incremento en los Salarios Mínimos presiona no solo a la base administrativa del INE, que es la mayoría de su personal, que sobre todo se ubica en los Módulos de Atención Ciudadana, sino también a la base operativa fundamental para integrar las mesas directivas de casilla, que son las personas Capacitadoras Asistentes Electorales y las personas Supervisoras Electorales, que sumados al personal técnico en este proyecto, asciende, nada más este rubro, a $5,905,317,708.00; es decir, explica el 18.78% de todo el gasto operativo ordinario solicitado para 2027.
Como se dijo en la sesión del 18 de agosto, en 2024 el INE corrió un riesgo enorme en la elección, por el problema de integración de dicho cuerpo de personal operativo en la elección, debido a los bajos salarios, en algunos casos inclusive por abajo del salario mínimo. Es de justicia pagarle lo que le corresponde a ese trabajo muy digno pero eventual, que representan los brazos y pies de una elección.
Organizar una elección con carácter nacional, llegando a todos los rincones de un país tan grande territorialmente, tan complejo orográficamente y tan poblado como nuestro México, cuesta dinero.
Por mandato constitucional, el Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo funciones esenciales en todas las elecciones federales y locales en cada una de las 32 entidades federativas del país, como la instalación de casillas, la capacitación de sus funcionarias y funcionarios de casilla, la fiscalización de los recursos de alrededor de 203 mil 138 candidaturas, el monitoreo de radio y televisión, la actualización del padrón electoral y la emisión de reglas y lineamientos para garantizar elecciones bajo los mismos estándares en el país.
Además, Por primera vez, el Instituto contempla en su presupuesto recursos para atender cuatro procesos electorales: el Proceso Electoral Federal 2026-2027; los procesos electorales locales concurrentes de 2027; el Proceso Electoral del Poder Judicial 2027-2028, que iniciará en 2027; y los procesos electorales locales de 2028 para la renovación de cuatro gubernaturas, cuyas actividades también comenzarán en 2027. Se trata de un escenario inédito que, por su magnitud y concurrencia, no tiene punto de comparación con ejercicios presupuestales anteriores.
Adicionalmente, en atención a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aprobó un presupuesto precautorio para la eventual organización de una Consulta Popular y de un Proceso de Revocación de Mandato en el ejercicio fiscal 2027, por un total de $4,736,121,734.00.
Este último segmento, en palabras llanas, es por si acaso se solicita, es decir, en noviembre sabremos si existirán o no, sin embargo, hay que tener la previsión.
Esperemos que con esta información que he compartido, la discusión sobre el presupuesto electoral solicitado por el Instituto Nacional Electoral, cuente con elementos de información, para pasar de una discusión de lugares comunes desinformada, a un debate informado y sustancioso, quedo atento a cualquier persona ciudadana que quiera profundizar en el tema.
