La balanza rota: el costo histórico de Cuauhtémoc Cárdenas en Michoacán

De la utopía agraria al laberinto del crimen: radiografía de un sexenio

El gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en Michoacán cimentó la planeación y el diálogo civil, pero su omisión policial dejó crecer un germen delincuencial en la Tierra Caliente…

El mito y la memoria

Muchos son los que recuerdan aquellos años de la década de los 80s con una nostalgia que a veces raya en el purismo ideológico absoluto. El gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en Michoacán no fue un simple eslabón en la cadena de mandos priístas del viejo régimen corporativo. Aquella gestión, que corrió de 1980 a 1986, representó en realidad el último suspiro de estabilidad institucional predecible antes del vendaval de la alternancia crónica que hoy tiene el estado sumido en una constante administración de crisis.

Frente al tribunal de la historia, el apellido Cárdenas pesa como el bronce de una entidad federativa acostumbrada a los contrastes más profundos. Para unos Cuauhtémoc fue un constructor de las bases democráticas modernas, Para otros, el defensor de un estatismo económico que terminó por descapitalizar el campo. Situar su sexenio en el justo medio implica despojarse de los fanatismos de la izquierda y del PRI para desmenuzar las estructuras de un pasado que, nos guste o no, aún nos gobierna n el subsuelo político.

El reinado de la política: apertura. COMPLADEMI y ruptura

En el terreno de la política pura, Cárdenas Solórzano jugó una partida de ajedrez muy adelantada a las reglas escritas por el centralismo de la época. A pesar de portar las siglas del partido hegemónico, su administración se distinguió por un respeto atípico hacia los primeros triunfos de la oposición. Alcaldías ganadas por el PAN y la incipiente izquierda del Partido Mexicano Socialista (PMS) fueron reconocidas sin la necesidad de recurrir al clásico fraude institucionalizado, abriendo la válvula de escape a la olla de presión social.

Esta visión incluyente se materializó con la creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, el mítico (COMPLADEMI), operado en su momento por perfiles técnicos como Víctor Manuel Tinoco Rubí –quien fungió como director de programación y presupuesto y años más tarde alcanzaría la gubernatura-. A través de este esquema, el gobernador arrebató decisiones al verticalismo autoritario para depositarlas en comités regionales donde participaban maestros, colonos y productores del campo. La burocracia estatal experimentó una modernización técnica sin precedentes, obligando a presupuestar bajo planes sectoriales bien estructurados y sin las ocurrencias de relumbrón a las que nos tienen acostumbrados los mandatarios actuales.

Sin embargo, el idilio democrático tenía fronteras muy claras dentro de las propias lógicas del corporativismo que le daba sustento y legitimidad al mandatario. Cárdenas no dudó en utilizar la disciplina de hierro de operadores como en la Confederación Nacional Campesina (CNC) y el control sindical de la CTM para asegurar la gobernabilidad de la entidad. Las bases populares participaban, es cierto, pero siempre bajo los canales oficiales que garantizaban la paz y la pleitesía hacia la figura central del jefe del Ejecutivo.

Hacia el cierre de su periodo, el distanciamiento con el centro del país se volvió una confrontación ideológica abierta e irreversible en los pasillos del poder. El choque con la tecnocracia de Miguel de la Madrid asfixió las capacidades de negociación presupuestal de un Michoacán que se resistía a las reformas de mercado, El nacimiento de la Corriente Democrática en 1986, arropada por figuras como Cristobal Arias Solís –su entonces flamante secretario de Gobierno de Gobierno, fue el corolario de una gestión que prefirió la ruptura histórica antes que someterse al dictado neoliberal de la Federación. El resto es historia: la salida del PRI y la histórica campaña de 1988 que cambiaría el rostro de México.

El impacto social: indigenismo y el polémico control de rentas

La política social del sexenio cuauhtémocista abrevó directamente de las fuentes del cardenismo histórico, priorizando de forma legítima a los sectores más desprotegidos del estado. Las comunidades de la Meseta Purépecha recibieron una atención presupuestal histórica mediante el fomento a cooperativas de artesanos y el pleno respeto a sus usos tradicionales. La infraestructura educativa rural y las clínicas de salud comunitaria se expandieron por los rincones de los más olvidados de a intricada geografía local.

No obstante, las profundas deudas con la Tierra Caliente y la Sierra no lograron saldarse de manera estructural. Los programas asistenciales funcionaron como analgésicos eficientes, pero no rompieron las cadenas de la pobreza extrema. El control corporativo latente limitó el surgimiento de movimiento populares independientes, manteniendo la tutela del estado sobre la demanda social.

En este mismo rubro social, pero con un impacto económico brutal, se inscribe la promulgación de la recordada Ley Inquilinaria del Estado de Michoacán en 1984, conocida en los cafés políticos como el Decreto 172. En plena crisis inflacionaria nacional, el gobernador decretó un severo control de rentas que prohibió la exigencia de fiadores y limitó los aumentos anuales de alquiler. Esta decisión fue aplaudida de pie por las familias trabajadores y los estudiantes de bajos recursos que abarrotaban las zonas urbanas de la capital.

Pero la medida de corte socialista cobró factura. Los propietarios de fincas y casas prefirieron retirar sus inmuebles del comercio antes que someterse a contratos rígidos que consideraban económicamente inviables. El resultado a mediano plazo fue una preocupante escasez de vivienda en renta y el abandono físico de los barrios tradicionales de Morelia, cuyos dueños dejaron caer los inmuebles ante la falta de incentivos para su mantenimiento.

La economía estatista: del Balsas al colapso de la crisis

Como ingeniero civil de formación, Cuauhtémoc Cárdenas volcó su experiencia técnica en la construcción de una robusta infraestructura hidráulica por todo el territorio estatal. Presas comunitarias, canales de riego modernos y conexiones terrestres rurales permitieron tecnificar miles de hectáreas que antes dependían exclusivamente de los caprichos del temporal. Asimismo, se dio un impulso decidido para consolidar el puerto de Lázaro Cárdenas y el complejo industrial de la siderúrgica Las Truchas (SICARTSA).

El enfoque económico de su administración fue eminentemente estatista, buscando proteger el mercado interno mediante el financiamiento público a cooperativas e industrias locales de autoempleo. Esta estrategia pretendía mitigar los efectos nocivos de la devaluación y la crisis de la deuda externa de 1982 que estrangulaba las finanzas del país entero. La inversión privada formal pasó a un segundo plano, mirada siempre con desconfianza por el nacionalismo revolucionario del gobernador.

La gran debilidad de este modelo económico radicó en su incapacidad para sobrevivir frente a la realidad del minifundio y el aislamiento internacional de la época. Al aferrarse a la colectivización agraria en un momento de asfixia presupuestal federal, el campo michoacano experimentó un proceso de descapitalización severo y silencioso. Los cultivos tradicionales de subsistencia impidieron la acumulación de capital, empujando a miles de jornaleros hacia la migración obligada a Estados Unidos.

Las finanzas públicas locales terminaron el sexenio en una situación de extrema fragilidad debido a la estrechez de las participaciones federales enviadas desde el centro. Las prioridades de infraestructura se concentraron en las zonas rurales periféricas, sacrificando el mantenimiento urbano y los servicios públicos esenciales de ciudades como Uruapan y Zamora. El esquema económico cardenista demostró su valía social, pero también sus severos límites estructurales para generar una riqueza duradera.

Seguridad pública y la Nicolaita: Diálogo ante el germen de la violencia

En San Nicolás de Hidalgo las cosas siempre se han cocinado aparte. Cuauhtémoc Cárdenas lo entendió temprano y prefirió heredar la vieja máxima de su padre: a los universitarios se les convence, no se les reprime. Durante su sexenio, las Casa del Estudiante se convirtieron en auténticos templos de la izquierda radical, intocables para el garrote policial. El mandatario blindó la autonomía nicolaita de cualquier injerencia externa y amplió los subsidios destinados a las siempre combativas Casas del Estudiante, manteniendo una interlocución constante con los rectores como Fernando Juárez Aranda y José Carlos Vega.

El costo de esa paz pactada fue alto. La inestabilidad académica se volvió crónica, las huelgas del SUEUM y el SPUM desajustaron los calendarios y las clases medias, enfadadas del desorden, terminaron por inaugurar el éxodo de sus hijos hacia las aulas de la educación privada.

En los pasillos del Palacio de Gobierno la consigna del secretario de Gobierno era clara: café, paciencia y mesas de negociación eternas. Así se desactivaron las sangrientas disputas de linderos en la Meseta Purépecha. Se gobernaba con el peso moral del apellido, no con la fuerza pública.

Pero esa misma pax cuauhtémocista tuvo un punto ciego que hoy todavía sangra en territorio michoacano.

Mientras el gobernador se concentraba en la alta política, y en la unificación ejidal, en la Tierra Caliente comenzó a germinar, en silencio, el negocio de la marihuana y la amapola. Con policías rudimentarias y preventivas, el Estado prefirió mirar hacia otro lado. Fue el pecado de omisión de una época. Nadie imaginó entonces que aquellas veredas serranas, abiertas originalmente para los caminos rurales del desarrollo, terminarían pavimentando el laberinto del crimen organizado que hoy tiene de rodillas a Michoacán.

El juicio de los sucesores: una pirámide de compensaciones

La evaluación final del periodo cuauhtémocista se agiganta cuando se contrasta, escalón por escalón, con el catálogo de gobernantes que heredaron el Palacio de Gobierno. Su sexenio se percibe como una balsa de aceite institucional frente al desastre inmediato por su sucesor, el autoritario Luis Martínez Villicaña. Aquella imposición federal de mano dura incendió los ánimos de los universitarios y maestros, derivando en una inevitable renuncia anticipada por presión popular en 1988.

Superado ese bache de cerrazón, los gobernadores de transición del PRI como Genovevo Figueroa Zamudio, Ausencio Chávez Hernández y el propio Víctor Manuel Tinoco Rubí intentaron estabilizar la nave. Si bien el último logró una destacada modernización vial y comercial en la capital, estos gobiernos operaron bajo una asfixiante trinchera electoral debido al nacimiento y consolidación del bastión perredista. La pugna encarnizada en las urnas distrajo las tareas de desarrollo profundo, mientras bandas criminales como el cártel del Milenio se asentaban discretamente en el subsuelo estatal.

El nuevo siglo trajo la alternancia con la llegada de su propio hijo, Lázaro Cárdenas Batel, quien sembró altas expectativas con programas sociales universales inspirados en la izquierda capitalina. Sin embargo, su estilo progresista y conciliador no pudo evitar la erupción de la violencia explícita con la irrupción de Los Zetas y el nacimiento de la Familia Michoacana en 2006, año en que el gobierno federal desató la guerra contra el narco, justamente en este suelo. El sexenio de Leonel Godoy Rangel heredó este incendio, quedando marcado por los trágicos atentados terroristas del 15 de septiembre de 2008 de Morelia y una asfixia financiera de la que el estado tardó más de una década en recuperarse.

El punto más bajo del colapso institucional llegó con el retorno del PRI de la mano de Fausto Vallejo Figueroa, un gobierno que se desmoronó entre pasillos hospitalarios, escándalos familiares grabados en vídeo con capos del narco e ingobernabilidad absoluta. La aparición de las autodefensas rurales y la vergonzosa intervención de un comisionado federal como Alfredo Castillo anularon por completo la soberanía del estado. El perredista Silvano Aureoles Conejo intentó después centralizar el control mediante u millonario gasto en cuarteles y tecnología policial, pero su gestión terminó sumida en una severa polarización mediática y acusaciones de desvíos de fondos que minaron la confianza ciudadana.

En el sexenio perdido de Fausto Vallejo transitaron como gobernantes emergentes el que fuera líder del PRI en Michoacán, varias veces legislador, Jesús Reyna García, así como el ex rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Salvador Jara Guerrero, quienes solo trataron de administrar el gobierno, el primero con un intento de autonomía, atajada, y el segundo bajo la sombra del comisionado federal.

Hoy en día, bajo el mandato de Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán busca a pacificación mediante una estricta alineación con el modelo de la Cuarta Transformación, a nivel nacional. Aunque los apoyos directos fluyen hacia las estructuras agrarias del aguacate, el limón y las berries, el territorio sigue dependiendo del despliegue masivo y permanente de la Guardia Nacional y las fuerzas militares en las calles. Aquella pax cuauhtémocista que pretendía sostener las riendas de la entidad apostando únicamente a la presencia y la palabra, terminó por heredarle al futuro un costo impagable: el vacío que la autoridad civil no quiso llenar con la ley y en los 80s, hoy se tiene que disputar palmo a palmo con las bayonetas de la federación.

En la balanza definitiva de nuestra accidentada historia local, la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se consolida, de manera firme, en un nivel de desempeño mediano-alto con méritos propios. Su herencia económica puede estar sujeta a debates por los límites del proteccionismo y la posterior devaluación del agro, pero su civilidad política es una quimera distante para la mezquindad de la política actual. Mientras los gobernantes modernos se dedican a administrar la crisis del día a día y a culpar del pasado, Cuauhtémoc planificaba el futuro de un Michoacán que, por desgracia, y por la soberbia de sus sucesores, hace mucho tiempo se nos fue de las manos. Al tiempo.

CANTERA

Entre teleféricos y morebús te veas. Ante esta encrucijada, queda en el aire la moneda de la historia para el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla: ¿pasará a la posteridad como el modernizador de la movilidad urbana, como un endeudador oculto o atrapado en un legado tan híbrido que termine disolviéndose en la irrelevancia?.

CANTERITA

Toc, toc… Si realmente Morena quiere competir a ganar la capital michoacana, entonces, la cuestión de género es simple y llanamente relativa, como también lo es si es bedollista o moronista, pero, bueno, tampoco lo vieron a él.

GOTEO

Ahora, ante el perverso manoseo michoacano, el caso Carlos Manzo trata de mirar hacia la capital del país, sin que lo vean del todo, todavía…