Morelia/ Redacción

Rumbo al lugar de la comida, una fonda cerca del Templo de San Francisco, se oye delante de los pasos de quien a tan sabrosa y nutritiva empresa se dirige, un radio-comunicador que informa de calles de la ciudad cerradas, en el centro; quien lo lleva prendido es un hombre vestido en  la parte superior por una playera blanca con un lema muy conocido en esta capital: “Morelia, suma de voluntades”.

El hombre da instrucciones para que alguien vaya a enterarse exactamente cuáles son las arterias cerradas, y el radio que tiene prendido le contesta que es parte de la Avenida Madero y una parte más de la zona de tránsito vehicular en la calle aledaña a la Plaza Valladolid por su lado norte. El hombre repite la instrucción de que el hecho se vaya a verificar. Hay que seguir la información, y la pista se sigue disimuladamente por Allende, sin llegar a Madero, que era la intención inicial del curioso.

Seguramente oída la comunicación por algún mando superior, hay llamada, y el hombre del radio-comunicador la atiende para recibir instrucciones y pide se le informe cuáles calles están cerradas. No hay informes, los informes los tiene que proporcionar él. En el cruce de Rayón y Allende apaga el aparato ese jefe de operaciones, y se queda mirando al vacío.

Cruzada la calle de Rayón, el camino más corto a la verificación de los hechos es ir a los portales para buscar dónde está bloqueada la Avenida Madero, y es precisamente en la esquina que hace con la Avenida Madero, y de ahí hasta la cuadra siguiente, Virrey de Mendoza. La protesta se concentra frente al Congreso del Estado.

La calle está bloqueada con vehículos particulares, y hay grupos de policías esperando que compañeros suyos que entraron al recinto legislativo salgan, para tener noticias de lo que fue tratado.

En la caja descubierta de una camioneta pick up hay un grupo de seis policías, dos de ellos vestidos de civil, y a un lado de la caja un policía más, uniformado. Iniciamos la conversación con la pregunta de cuál era el motivo de la protesta, pero era fácil ver en frases escritas en los cristales de los vehículos cuál era el centro del problema: “No a los despidos injustificados”, y “Fuera el secretario de Seguridad Pública”.

Sin embargo los manifestantes están deseosos de hablar, consideran que su problema es grave. “Nos corrieron sin justificación. Nos mandaron a la Academia con engaños, a un curso de la fuerza policial”, contesta uno, y otro le arrebata la palabra: “Un curso para el uso de la fuerza pública”, y otro agrega: “Supuestamente por no aprobar los exámenes de confianza, pero aquí estamos todos parejo”. Se ven enojados, y preocupados.

La siguiente pregunta es sobre el número de afectados, y uno contesta rápidamente: “Afectados, unos 70 más o menos. El cese era para todos los tránsitos, pero hubo unos altercados ahí en la Academia”. Otro le arrebata la palabra para tratar de explicar el origen de los altercados: “Nos tenían secuestrados. Nos amenazaron, que no nos iban a dejar salir hasta que no firmáramos la baja. Casualmente éramos puros tránsitos”, dice con ironía y, como el otro, no usa en su lenguaje coloquial el término con que oficialmente se designa a este tipo de policías, agentes de tránsito, sino el más rústico de “tránsitos”.

Denuncian que, a los despedidos, “les están pidiendo 20 mil pesos por su reinstalación”, y se van contra el secretario de Seguridad Pública, del que no mencionan su nombre (en el directorio del gobierno estatal se especifica que es el Lic. Carlos Hugo Castellanos Barrera), pero le atizan duro, airados: “Tiene bajo su mando pura gente corrupta, son chilangos que no más vinieron aquí a robar. Y él los solapa, vende las patrullas”.

A pregunta, uno contesta que Morelia no se queda sin el servicio, pues lo atienden los municipales. Otro agrega, otra vez en tono iracundo, que los afectados son “los tránsitos estatales, motociclistas, patrulleros, peritos, patrulleros, corralones y grúas”.

¿Cuánto tiempo durará la protesta?, no lo saben, lo que sí saben y uno de ellos señala con el índice el letrero rojo en el vidrio trasero de la cabina de la camioneta: “No a los despidos injustificados”, y “Fuera el secretario de Seguridad Pública”. ¿A quién atribuir las declaraciones? No quieren decir nombres, temen más represalias. Al fin uno, inspirado, dice: “A nombre de Tránsito del Estado”, frase que aprueban los demás a coro.

Sale la comisión que estaba dentro del Congreso del Estado, y los grupos que estaban dispersos se aglutinan en torno a los que vienen; los de la camioneta saltan abajo para unirse al grupo. La atención se centra en su abogado defensor, Erwin  Huerta Rodríguez, quien acompañó a la comisión para entrevistarse con la diputada Selene Vázquez Alatorre, para buscar apoyo del Congreso.

El abogado da instrucciones, que los agentes de tránsito cesados oyen con atención: “Traten de entregar el equipo, radios, armas… Si no se los reciben hay que hacer un escrito para que estén asegurados”, y les pide que al día siguiente, 25 de abril, le lleven los dos recibos de sus pagos quincenales de marzo, y quien lo tenga el de la primera quincena de abril también; agrega que hay que examinar cada uno de los casos, para presentar la demanda lo más pronto posible.

El grupo se disuelve, y se forma otro en torno a uno de los jefes de Tránsito que viste camisola blanca con charreteras, quien arenga: “Vamos ahorita mismo a derechos humanos. Tenemos que hacer una manifestación fuerte. Éste es un asunto político. Vamos mañana a las ocho de la mañana a pedir apoyo a los policías estatales. Vamos a publicar fotos de los mandos que tenemos y a hacer un manifiesto público de estas personas. Ninguno de nosotros tiene abierto proceso, no hay nada que temer. Los que tengan su carta de antecedentes no penales, traerla. Vamos a hacer una acción fuerte, como un paro indefinido”.

El grupo se disuelve y se van repartiendo en los vehículos con que bloquen la calle, van rumbo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.