Morelia / Nancy Herrejón
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos y desaparición forzada en la historia reciente de nuestro país.
Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968.
Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses.
De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos.
En algunos videos que circulan en redes sociales, puede observarse a los jóvenes estudiantes esa noche, que gritan a los policías que dejen de disparar, que ellos son estudiantes y que están desarmados.
Las detonaciones no se hacen esperar, y pronto la imagen de un joven en el suelo malherido está en el cuadro, ellos piden que se les deje acercar para auxiliar al normalista, mientras los jóvenes padecen la incertidumbre de la vida, los policías ríen la muerte .
Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.
