Morelia/Redacción
Tras las crecientes protestas que se han registrado por el asesinato de la joven enfermera Kassandra Bravo Caro, en Uruapan, el Partido de la Revolución Democrática como la agrupación Mujeres Organizadas de Izquierda, urgieron al gobierno del estado a que en Michoacán se declarara la alerta de género, así como también el esclarecimiento de este asesinato como el de otras mujeres que se han registrado en la entidad.
Por un lado Carlos Torres Piña, dirigente estatal del sol azteca en Michoacán, propuso la instalación “de protocolos emergentes de seguridad en el estado para evitar los homicidios”.
En este contexto, el dirigente perredista tachó de insensible a su homólogo priista, quien, remarcó, minimizó el hecho, “permanece obcecado en la defensa, a ultranza”, de la administración del gobierno federal como el estatal.
Dijo que ha sido irresponsable el gobernador del estado, Salvador Jara, al repartir culpas.
Torres Piña señaló al gobernador que su preocupación debe estar en la seguridad de los michoacanos y que debe abandonar los discursos triunfalistas y asumir con responsabilidad.
Aparte, en conferencia de prensa, las Mujeres Organizado de Izquierda, acompañadas por las representaciones de otras organizaciones sociales, remarcaron que las mujeres viven en riesgo constate de sufrir algún tipo de violencia.
Destacaron que para las mujeres “nuestro propio cuerpo constituye un factor de riesgo ya que sobre él se cierne un afán de dominio, uso y control, que pueden convertirse en una amenaza para su seguridad, integridad física y sus libertades, lo que puede llevar a vulnerar su salud, capacidades, denigración, intimidación, miedo sufrimiento y en casos extremos una muerte cruenta”.
Así mismo, resaltaron que a partir de que Michoacán se ha convertido en uno de los lugares más violentos en el país, en los últimos años, las más afectadas han sido las mujeres, donde “según los últimos datos del INEGI, en los últimos 10 meses en el estado han perdido la vida 85 mujeres”, sin contar los casos de Kassandra Bravo, “que ha consternado a Michoacán, al país y a la comunidad internacional”, y el de la mujer que intentaron calcinar en Ziracuaretiro.
Esta organización por su parte exigieron la creación de una fiscalía especializada en la atención de los delitos que se cometen en contra de las mujeres, tales como la violación, desaparición y feminicidios, así como también la estandarización de protocolos, manuales, criterios de investigación servicios periciales, impartición de justicia utilizados para investigar los delitos que se relacionan con esto.
Exigieron que el gobierno del estado y el gobierno federal, “asuman su responsabilidad de brindar seguridad a todos los michoacanos, y en particular a todos los sectores que se consideren en mayor riesgo”, como el caso de las mujeres.
