Samuel Ponce Morales
No, no nos debería extrañar la casi rápida respuesta del gobierno de Michoacán, presidido por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, a través de plantear a autoridades estadounidenses impulsar un protocolo de seguridad, para tratar de reactivar lo más pronto posible la exportación del aguacate michoacano hacia Estados Unidos, acotada cuestiones de violencia en la entidad.
Y es que, ante una serie de conflictos que oscilan en la entidad, los cuales mantienen ocupado a los escasos operadores políticos efectivos y cuya resonancia merma la imagen gubernamental, no se puede abrir un frente de corte internacional y mucho menos con el vecino país del norte, además de considerar un mayor costo con los empresarios del llamado oro verde que le dieron su respaldo.
Pero, además, el gobierno michoacano no se podía quedar rezagado en dar una respuesta al problema aguacatero, no sin pagar las consecuencias, una respuesta situada en proyectar la implementación de un protocolo de seguridad a favor de la industria aguacatera, lo cual, evidentemente no se ha hecho con otros entes productivos que sufren de la inseguridad a flor de piel.
