Morelia/Redacción
La Procuraduría General del Estado de Michoacán (PGJE) informó que el edil de Aquila, Juan Hernández, fue requerido para declarar por los enfrentamientos que el pasado lunes dejaron seis muertos, dos elementos de la Fuerza Rural y cuatro presuntos delincuentes.
En redes sociales, la PGJE confirmó que “eEl presidente municipal de Aquila y otras personas fueron presentadas ante el Ministerio Público para declarar con relación a hechos (que se investigan).
“@MichoacanPGJE continúa con la investigación que permita esclarecer los hechos ocurridos el 25 y 26 de mayo en el municipio de Aquila”, estableció la dependencia.
De acuerdo al diario Reforma Juan Hernández fue requerido cerca de las 17:00 horas por elementos de la Policía Ministerial y de la Fuerza Rural del Estado, cuando se encontraba en su domicilio en la comunidad de Maruata.
De ahí fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia la cabecera municipal de Coahuayana, debido a que en Aquila no existe una representación de la PGJE.
Hernández es investigado luego de que elementos de la Fuerza Rural se enfrentaran a balazos contra presuntos templarios, falleciendo dos comandantes de ese cuerpo policiaco y cuatro presuntos delincuentes.
Los tiroteos se desataron cuando el bando de los criminales intentó asesinar al líder de las autodefensas en Aquila, Semeí Verdía, a quien emboscaron en la carretera pero solamente lograron herir a su chofer.
Desde el año pasado, el edil requerido ha sido acusado por grupos de autodefensa de tener nexos con Los Caballeros Templarios.
En septiembre de 2014 circularon fotografías de Hernández, que fueron tomadas durante un encuentro que sostuvo con Servando Gómez “La Tuta”, ex líder del cártel michoacano, y otras personas no identificadas.
En las imágenes se aprecia a ambos personajes, dialogando en las instalaciones de una escuela que, posteriormente se supo, se ubica en el municipio de Tumbiscatío.
Por esos hechos, el edil fue requerido para declarar en dos ocasiones ante la Procuraduría General de la República y luego de responder a los interrogatorios lo dejaron en libertad.
Ante los medios de comunicación, Hernández argumentó que fue llevado con amenazas al encuentro con “La Tuta”.
“Nunca nosotros hemos estado ni servido al crimen organizado. Yo llevo un compromiso fuerte con el pueblo y lo hemos demostrado», argumentó en una entrevista el pasado 16 de febrero.
«Estamos con la conciencia tranquila y limpia. No somos ningunos delincuentes», sostuvo.
Ese mismo mes de febrero, la PGJE recuperó 62 propiedades que habían sido despojadas a sus dueños por el cártel michoacano en las localidades de Aquila y Coahuayana.
Entre los bienes incautados había ranchos, cuatro hoteles, dos estaciones de gasolina, dos centros de espectáculo e instalaciones turísticas en zonas de playa, además de 100 cabezas de ganado, pero el Alcalde aseguró desconocer que estaban en manos del narco.
«No teníamos ese dato», dijo el edil
