Morelia/Juan Ignacio Salazar
David Rueda López, coordinador de Vinculación Estratégica de la Subsecretaría de Educación Superior a nivel nacional, dijo que México está preparado para atender a los jóvenes que descobijará el DACA tras el acuerdo que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En entrevista, el funcionario federal explicó que la Federación a través de diversas instancias garantizará asesoría jurídica y hasta becas a quienes así lo soliciten para que continúen sus estudios superiores.
Rueda López dijo a Acueducto Online que “aún no se han establecido montos de becas”, pero reconoció que “en los próximos días estarían por definirse y publicarse”.
Refirió que en el DACA, hay gente talentosa con un potencial que debe aprovecharse y que podrían generar en México mayor movilidad económica.
Dijo que el Programa Puentes que en su momento impulso la ANUIES también permitirá a los jóvenes mexicanos radicados en aquella nación, seguir sus estudios al incorporarse a esquemas alternativos de preparación académica.
De alrededor de 787 mil 600 jóvenes integrados en el DACA, 78 por ciento son mexicanos, por ello, afirmó la urgencia de fortalecer las instituciones por lo que todos debemos estar atentos a lo que ocurra con el programa Acción Diferenciada para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en ingles).
El coordinador nacional de Vinculación Estratégica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), habló de la importancia de que las universidades fortalezcan los procesos de vinculación con las empresas y se genere un mayor impulso a la educación dual.
En otro orden de ideas, Rueda López mencionó que las universidades en México deben lograr presupuestos más equitativos, los cuales deben gestionar en sus estados.
Actualmente 65 por ciento de los fondos que reciben estas casas de estudio provienen de la Federación, mientras que el resto es aportación de las entidades.
Dejo en claro que en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ya se hizo la propuesta para que los presupuestos vayan 50-50 en la educación superior, a fin de garantizar viabilidad financiera a las universidades.
