Morelia/Redacción
El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Marco Antonio Flores Negrete, negó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal estuviese fallando, y resaltó la importancia de darle “tiempo y conocimiento” para que se consolide, además de aceptar las sugerencias de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), respecto a la ampliación del catálogo de delitos, pues es este tema en específico el que ha causado mayor zozobra en la población.
“El hecho de que una persona, que es imputada de un delito, salga y lleve su juicio en libertad, pero ese cambio es en base al principio de presunción de inocencia, porque no están contemplados como delitos graves que de manera oficiosa se deba decretar la prisión preventiva justificada, y cuando se pide una prisión preventiva se deben justificar las razones”, expresó.
Ante la insatisfacción de la ciudadanía por “ser asaltados” y que el crimen no sea considerado como grave, el STJE se deslindó de la responsabilidad, puesto que no participa en dichos procesos legislativos, lo que regresa al tema de la CONAGO de ampliar el catalogo, decisión que quedará en manos del Congreso de la Unión.
Respecto a la desaparición del Consejo Implementador, el Consejo del Poder Judicial ahorrará 12 millones 400 mil pesos, que era el presupuesto asignado al Consejo, aunque recordó que se formaría un órgano liquidador, el cual tardaría al menos tres meses en cubrir los sueldos de los trabajadores.
Flores Negrete negó que la implementación del Nuevo Sistema sea una “justificación” para la incompetencia del Poder Judicial, pues afirma que se busca dar un servicio adecuado a la ciudadanía.
Recordó que una de las funciones del Consejo Implementador fue el brindar asesorías a los trabajadores sobre el Nuevo Sistema, incluidos los tres niveles de gobierno, las cuales se realizaron con recursos del Gobierno Federal.
Recordó que las capacitaciones deben ser constantes en cualquier orden, por lo que el Poder Judicial posee una escuela que mantiene en capacitación constante a los trabajadores, jueces y en todos los niveles.
Finalmente, el magistrado negó que el nuevo reglamento sea “abrir las puertas” a los delincuentes, puesto que eso quedará completamente en la decisión de juez y el Ministerio Público, por lo que sería incorrecto asegurar que se liberarían cierto número de delincuentes; el proceso para modificar la prisión preventiva tomaría alrededor de tres meses, los cuales se realizarían en juicios abiertos a los cuales la ciudadanía podría acceder a ver cómo se trabajan los diversos casos.
