Morelia/Redacción
Para que se puedan cumplir con las responsabilidades inherentes al Nuevo Sistema de Justicia Penal es necesario que se destinen recursos económicos a las instituciones que están involucradas en el nuevo sistema acusatorio, señaló Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial y del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán.
En sesión extraordinaria del Consejo implementador, solicitó al Congreso del Estado la revisión del presupuesto para la Defensoría Pública, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y Poder Judicial de Michoacán, con la intención de que tengan un presupuesto idóneo para lograr la implementación de esta nueva forma de impartir justicia, de manera más eficiente y acorde con las expectativas.
Asimismo, Magaña de la Mora reiteró el llamado a las instituciones académicas para que actualicen sus planes de estudio e incorporen materias del sistema acusatorio adversarial oral, de manera que los estudiantes que egresen de las carreras de derecho estén preparados para el nuevo sistema de justicia penal.
A los colegios, barras y asociaciones de abogados solicitó que se sigan acercando a la Secretaría Ejecutiva del Consejo encargado de la implementación, seguimiento y evaluación del nuevo sistema de justicia penal, a efecto de continuar ubicando los mecanismos para la capacitación de sus asociados.
De igual forma, el magistrado presidente llamó a los medios de comunicación a continuar en contacto con dicha Secretaría y realizar sugerencias de espacios para la capacitación de los periodistas, “así, de forma conjunta, lograremos condiciones óptimas para la entrada en vigor del nuevo sistema”.
Cabe señalar que durante la sesión extraordinaria del Consejo implementador se aprobó enviar al Congreso del Estado las declaratorias de incorporación al nuevo sistema y los términos de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el estado, así como el proyecto de decreto para abrogar el Código de Procedimientos Penales estatal.
