Morelia/Samuel Ponce Morales
Las voces que claman por la renuncia del gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo, por los recientes acontecimientos violentos de Arantepacua, se quedaron calladas, inertes, cuando el entonces mandatario estatal, igual perredista, Lázaro Cárdenas Batel, avaló el operativo para irrumpir un paro de mineros cuyo saldo también fue trágico.
Esas voces, en una primera instancia, deberían ser elevadas para demandar una investigación a fondo de los hechos, para que lo hagan las instancias federales, como la procuración de justicia y derechos humanos, respectivamente, no ser impregnadas por el prejuicio antigubernamental o por cuestiones de carácter político electoral, con miras al 2018.
El punto de partida del caso de Arantepacua debe ser el esclarecimiento de los hechos, no solo para establecer quién disparó primero, sino cómo realmente murieron los comuneros, si fueron o no literalmente masacrados, y, en ese sentido, aplicar todo el peso del marco jurídico correspondientes, a quien sea y no exactamente como sea.
