Morelia/Héctor Tapia
La apurada aprobación de un dictamen para el refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública de Michoacán en el Congreso del Estado, principalmente por diputados priistas, evidenció una serie de errores en el proceso legislativo que llevó al Gobierno del Estado a solicitar una fe de erratas para poder acceder a los recursos que tenían previstos para enfrentar la crisis financiera por la que atraviesa.
Esto lo señaló el diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Eleazar Aparicio Tercero, quien además apuntó que se videncia que al gobierno del estado le “urge pagar o recuperar algunos dineros desviados que les depositó la federación y lo gastaron en otros rubros, como en cuenta corriente y gastos del propio gobierno”, y que, remarcó, “necesitan recuperar ese dinero y volver a destinar los recursos a donde ya habían venido etiquetados” anteriormente.
La lectura que dejan estas evidentes irregularidades, dijo, es de “corrupción, de falta de transparencia y de cálculo político también”.
De esta forma, el legislador dijo que se verán los tiempos que marca la ley para impugnar o impulsar alguna controversia por el decreto aprobado por mayoría en la sesión celebrada el miércoles. Lo cual, prevé, será hasta el lunes.
Dijo que “en primer lugar no es una ‘fe de erratas simple’, en la lectura del dictamen se repite infinidad de veces, se publicó en la gaceta, en muchas páginas aparecen los errores en los cuales incurrieron y que no existen algunos artículos y el fundamento legal, no es una fe de erratas o de dedo, fue con toda la alevosía y ventaja y el PRD va hacer la impugnación correspondiente”.
En otro orden de ideas, respecto al tema del mando unificado para todos los municipios que pretende el presidente Enrique Peña Nieto, Aparicio Tercero adelantó que se está convocando a un foro para el primero de diciembre, en San Francisco Uricho, donde se pretende la participación de todas a las autoridades indígenas de Michoacán para ventilar este aspecto, el cual no respeta a las Rondas Comunitarias ni a los pueblos originarios.
Dijo que de esta reunión “estaremos vertiendo nuestra opinión a nombre de las comunidades indígenas”. Indicó que se espera que asistan alrededor de 150 comunidades indígenas representadas por sus autoridades.
Concluyó diciendo que no es necesario que el gobierno le apueste a que las comunidades indígenas tomen las carreteras u otras formas de protesta ante esta situación; sino que debe ser consciente que las comunidades indígenas “tienen su derecho constitucional enmarcado en el acuerdo 169 de la OIT, donde les permite autogobernarse, autoprotegerse y hacer uso de sus recursos naturales”.
