Morelia/Héctor Tenorio
José Luis López Salgado Auditor Superior de Michoacán, señaló. “Es necesario voluntad política de los tres poderes del Estado para entrarle a la transparencia y a la rendición de cuenta, no hay para donde hacerse. Lamentablemente Michoacán ocupa los últimos puestos en este reglón y en la armonización de cuenta, solo por una desidia de no querer actualizar los datos. Cada quien debe ser responsable de sus actos”.
El funcionario se mostró contrariado de que el que el Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción solo harán recomendaciones no vinculatorias al proceso de fiscalización o investigación. “Qué caso tiene hacerlo, serán llamadas a misa. Bueno por lo menos tendrá esa atribución de someter al escrutinio de la sociedad a los funcionarios, al exhibir los ilícitos que comentan. Yo creo que las recomendaciones que no son vinculatorias son como los exhortos que se hacen desde este Congreso. Sobre la marcha ira evolucionado todo este andamiaje de la transparencia y redición de cuentas del propio Sistema Nacional Anticorrupción, que se implementará en julio”.
Se le cuestionó. ¿Hasta que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción estatal se obligará a que el Congreso local entregue cuenta pública y el Poder Judicial también?
Él es tajante. “De hecho en este momento hay una omisión flagrante de los dos poderes y de los organismo autónomos. En el informe establecemos que no existe la consolidación de estados financieros. El Congreso por si solo podría entregar su cuenta pública porque es una de las facultades que tiene de manera independiente. Sin embargo, la ley permite que sea incorporado en la cuenta pública anualizada. Pero el problema es que siga apareciendo como subsidios y transferencia tanto el Congreso, el Poder Judicial y la Universidad Michoacana. Eso ya no puede ser. Desde el 2014 lo debieron haber hecho.
La preguntaron. ¿Quién es responsabilidad?
No dudo en responder. “Del secretario de Finanzas de que se dé cabal cumplimiento. Sino que se hagan bolas y presenta tu cuenta pública a ti mismo, como responsable de la recepción de las cuentas públicas”.
Añadió que a los ayuntamientos se les venció su plazo desde que entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental. “Ya no hay vuelta de hoja, comprendo que los propios sistemas tengan deficiencias operativas y otra cosa es que se siga en la opacidad”.
Aseguró que el nivel de cumplimiento de la contabilidad gubernamental alcanzo un 45 por ciento, mientras que los ayuntamientos va más avanzado. “A nivel de trasparecía nosotros como Auditoria Superior nos dieron una calificación del 79 por ciento. Hay cosas que nos podemos subir cosas como el ejercicio y manejo del presupuesto”.
Comentó sobre la trasparecía en su dependencia a partir del 5 de mayo. “En nuestra dependencia deberemos estar cuidadoso en lo que se refiere a la percepción salarial, el propio modelo de los formato deberá ir adecuándose. No es lo mismo establecer el criterio de un salario que el de una de remuneración integral. Sobre la marcha se ira adecuado algunas debilidades que tienen los formatos”.
Sobre las posibles sanciones que habrá después del 5 de mayo afirmó. “Hay que ver si solo quedan en recomendaciones del Instituto Acceso a la Información de Transparencia y Protección de datos Personales o se tendrá que aplicar la Ley de Responsabilidades a Servidores Públicos. Por ejemplo vemos que en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la omisión de un registro contable es una falla grave que se penaliza con 7 años de cárcel o sanciones hasta de 5 mil salarios mínimos. Habrá que revisar como esta concatenada la Ley de Trasparecía de Acceso a la Información tanto a nivel nacional como a nivel estatal con los propios ordenamientos del Sistema Anticorrupción. Lamentablemente creo que nos agarró con los dedos en la puerta todo este andamiaje. Vemos voces como que no les preocupa y piensan que podrá seguir yéndose por la tangente”.
