Lázaro Cárdenas/Carlos Torres Oseguera
La isla de La Palma, ubicada dentro de la delta del río Balsas, podría ser la aportación que el estado haga a la Federación para que se cristalice el proyecto de la Zona Económica Especial (ZEE) que se plantea en la región tanto de Michoacán como de Guerrero, señaló la diputada local Eloísa Berber Zermeño.
Sin embargo, luego de subrayar que lo anterior es lo más pertinente, dijo que a los posibles inversionistas en dicha isla, lo más probable es que se siga un esquema de concesión como lo hace actualmente la Administración Portuaria Integral (API) de Lázaro Cárdenas.
Esa figura, puntualizó la legisladora local por el distrito electoral de Lázaro Cárdenas, es el adecuado para que los inversionistas adquieran un mejor compromiso en su asentamiento, desde el objetivo y plazos de instalación del mismo hasta garantizar su mantenimiento y servicios.
Las declaraciones de la congresista se dan apenas días del desalojo por parte de la fuerza pública de quienes tenían en su poder la isla de La Palma y que presuntamente piden sea devuelta esa tierra, luego de que no se le dio el uso convenido.
Sobre el conflicto que vive La Palma, que es reclamada por sus antiguos dueños, destacó que es un asunto en que se sigue avanzando desde el punto de vista legal, pero que ese hecho no interfiere en la cesión de la misma, pues, apuntó, ese tipo de situaciones habrá y no por eso se detendrán proyectos como el de la ZEE.
La isla de La Palma fue adquirida en 1982 por el gobierno federal al ejido Zacatula y en 1999 la parte federal se le dotó al gobierno de Michoacán junto con una franja de la isla del Cayacal lo que sumó 665 hectáreas.
Sin embargo, el primer territorio el de La Palma, a 5 años de la expropiación fue invadido por sus antiguos dueños, amparados en una cláusula de que si no se hacía uso de la isla de La Palma, para el fin que se había expropiado, ésta pasaría a incrementar el patrimonio del fideicomiso de apoyo a la industria rural.
Con este argumento han salido diversos reclamantes que se dice posesionarios de la Palma y exigen indemnización, imposibilitando proyectos que el gobierno del estado en los últimos 10 años ha intentado cristalizar
