Columna Acueducto | Samuel Ponce || Dos sillas y una sola casa: la encrucijada nicolaita

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Columna Acueducto | Samuel Ponce || Dos sillas y una sola casa: la encrucijada nicolaita

En la antesala de la sucesión gubernamental de 2027, el choque entre el Ejecutivo estatal y la Rectoría por el control de la Casa de Hidalgo abre dos ventanillas paralelas, atrapa a 21 aspirantes en un laberinto jurídico y amenaza con revivir la crisis institucional de 1986.

EL FANTASMA DEL 86 Y LA BIFURCACIÓN DEL PODER | La sucesión en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSN) dejó de ser un relevo académico para convertirse en la primera gran batalla de la sucesión gubernamental del 2027. El rompimiento entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la rectora Yarabí Ávila González transformó las tensiones presupuestales en una pugna abierta por el control político de la Casa de Hidalgo. En la antesala del cierre sexenal, ningún bloque de poder en Michoacán quiere ceder un territorio con presencia estatal, peso simbólico y un presupuesto superior a los cinco mil millones de pesos.

La raíz de esta colisión institucional se encuentra en el decreto aprobado el pasado tres de noviembre por treinta y dos votos de la 76 Legislatura. Al modificar los artículos transitorios de la Ley Orgánica, el bloque legislativo alineado con el Ejecutivo aplazó el voto directo hasta 2031 y resucitó a la Comisión de Rectoría. La maniobra buscó arrebatar el control del proceso sucesorio a la administración central, aunque expuso al gobernador a serias críticas por vulnerar una autonomía universitaria que la izquierda históricamente juró defender.

Lejos de replegarse, la rectoría de Yarabí Ávila activó una contraofensiva institucional basada en el autogobierno constitucional, pese al costo político de ser señalada por intentar heredar el cargo a su grupo. El 14 de noviembre, el Consejo Universitario aprobó su propia convocatoria e instaló una Comisión Especial para auscultar a la comunidad y elegir titular el primero de diciembre. Con esta jugada, el panorama quedó partido en dos ventanillas que se desconocen mutuamente, colocando a toda la comunidad nicolaita en medio de un fuego cruzado jurídico que revive la crisis de mil novecientos ochenta y seis.

LOS BLOQUES DE PODER Y EL FACTOR BISAGRA ACADÉMICO | Esta bifurcación institucional ha obligado a los 21 aspirantes que han levantado la mano o suenan en los pasillos universitarios a tomar decisiones estratégicas de alto riesgo. En la ventanilla del Consejo Universitario, los registros abrieron los días 14, 17 y 18 de noviembre bajo reglas internas estrictas de trayectoria definitiva y separación previa de cargos. En la acera opuesta, la Comisión de Rectoría sigue paralizada sin convocatoria pública, bloqueada de facto por la negativa de la Rectoría a entregar al Congreso los expedientes de los integrantes restantes para su integración.

Aunque ningún ordenamiento impide a un académico inscribirse en ambas rutas si la segunda llega a abrirse, la doble ventanilla implica un costo político difícil de remontar. Acudir al Consejo Universitario significa validar una ruta que una parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso, ha declarado jurídicamente improcedente por carecer de sustento legal vigente. Apostar exclusivamente por la Comisión de Rectoría, como ya lo adelantaron Salvador García Espinosa y Humberto Urquiza Martínez, equivale a confiar en que la justicia federal sostendrá el decreto legislativo.

Más allá de las etiquetas que dividen la política local entre bedollistas, moronistas y yarabistas, el pronunciamiento conjunto del 11 de noviembre firmado por ocho aspirantes perfiló un valioso factor bisagra. Figuras como Ireri Suazo Ortuño, referente de la investigación científica nacional; América Ivonne Zamora Torres, directora del Instituto de Investigaciones Económicas; y el constitucionalista Humberto Urquiza Martínez ofrecen una tercera vía institucional. A ellos se suman perfiles con probado oficio administrativo como Salvador García Espinosa y el exsecretario de Finanzas Miguel López Miranda, cuya experiencia resulta vital frente a la crisis venidera.

LA BATALLA EN LOS TRIBUNALES Y EL RIESGO DE DOS RECTORES | En el terreno jurisdiccional, el conflicto se libra mediante una carrera contra el reloj donde ninguna de las partes posee aún una sentencia definitiva sobre el fondo constitucional. El Juzgado Noveno de Distrito desechó el 8 de noviembre un primer amparo de la rectora Yarabí Ávila por haberse promovido contra un dictamen legislativo aún inconcluso. Sin embargo, tras la publicación del decreto, nuevos amparos institucionales y particulares avanzan en los juzgados federales, sumados a una suspensión provisional que ordenó reincorporar al ININEE al Consejo Universitario.

En esta fase procesal, el Congreso del Estado conserva una ventaja formal porque toda ley promulgada goza de presunción de constitucionalidad mientras no exista una suspensión definitiva que la frene. Por su parte, la Rectoría retiene el control operativo del aparato administrativo y sostiene su defensa en el precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Nayarit, alegando la omisión de una consulta previa. A este cerco se añaden tres solicitudes de juicio político contra la rectora en el Legislativo, utilizadas como instrumento de presión política en medio del litigio.

El verdadero punto de quiebre ocurrirá si los jueces federales no conceden una suspensión definitiva que paralice alguno de los dos procedimientos antes del 8 de enero de 2027. De materializarse dos nombramientos simultáneos, la universidad reviviría la dualidad de poderes de 1986, cuando dos rectores reclamaron al mismo tiempo la titularidad institucional. En ese escenario extremo, un rector despacharía desde las oficinas centrales con respaldo interno, mientras el otro tendría la firma reconocida por el Gobierno del Estado para recibir las ministraciones financieras.

LA HERENCIA ESTRUCTURAL Y EL COSTO DE LA INGOBERNABILIDAD | Quien logre sortear este campo minado y asuma el mando el nueve de enero recibirá una institución tensionada por pasivos financieros, conflictos gremiales y rezagos estructurales acumulados. Aunque para 2027 se proyecta un techo presupuestal de 5 mil 023 millones de pesos, equivalente al 4.5 por ciento constitucional, la gestión del gasto será un campo de batalla. El próximo titular deberá transparentar los 400 millones de pesos de ingresos propios, contener el impacto de los laudos laborales y blindar los sistemas digitales tras los recientes ataques cibernéticos.

En el plano interno, la prioridad será reconstruir la gobernabilidad laboral tras un año marcado por huelgas del SPUM y el SUEUM que obligaron a migrar a clases virtuales. Será indispensable retomar la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones mediante acuerdos reales con los sindicatos, sin vulnerar derechos adquiridos, pero garantizando la viabilidad financiera. Paralelamente, la nueva administración tendrá que consolidar los nuevos campus regionales en Zamora y Huetamo y preparar los padrones para transitar hacia el voto directo en 2031.

El desenlace de esta pugna pondrá a prueba la madurez política de quienes hoy pretenden gobernar el territorio michoacano más allá de las fronteras del campus nicolaita. Si la Casa Michoacán, que no el Palacio de Gobierno, impone un alfil sin aval universitario o si la Rectoría hereda el cargo a fuerza de litigios, la institución quedará atrapada en una parálisis de 4 años. En la historia de la Universidad Michoacana, toda victoria jurídica que carece de legitimidad interna termina convirtiéndose en el prólogo de un rectorado ingobernable.

CANTERA

Hay quienes consideran que el diputado local Juan Carlos Barragán, hasta este momento integrado con el moronismo, coquetea con el bedollismo con la esperanza de ser respaldado en su lucha por ser candidato guinda al gobierno moreliano; claro, hay quienes no entienden, ni entenderán, el por qué tomarse fotos con las y los enemigos de la casa cuatroteísta.

CANTERITA

Toc, toc… Apuestas en Michoacán, bueno, solo en un segmento del círculo rojo: ¿Carnal (     ) o carnala (     ) para la Fiscalía?

GOTEO

Cierto | Nos dicen que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no tiene un Almícar a la vista…