*Con más de 8,000 casos registrados y el acecho de la delincuencia a menores, el organismo civil plantea una hoja de ruta para la actualización del marco jurídico local
Editorial
Desahogar la agenda legislativa pendiente en Michoacán representa una prioridad indispensable para fortalecer la estabilidad regional. El reciente llamado del ombudsperson, Josué Mejía, invita a robustecer la institucionalidad frente a deudas que acumulan años de retraso. No se trata de un simple protocolo burocrático, sino de la urgencia de legislar sobre realidades complejas que exigen superar de manera proactiva los discursos oficiales.
La falta de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas coloca al estado en una inercia preocupante. El Registro Nacional ya supera los 8,000 casos activos en la entidad, una alarmante cifra que sitúa al territorio en el cuarto lugar del país. Ante este panorama, la exigencia de la CEDH adquiere un tono de reclamo legítimo que el Congreso local insiste en ignorar en su agenda prioritaria.
A este escenario se suma el vacío respecto al reclutamiento forzado de niñas, niños y jóvenes. Mientras el cálculo político frena su tipificación en el Código Penal, miles de menores siguen expuestos a la delincuencia. Dejar a la infancia desprotegida por priorizar intereses partidistas en lugar de leyes específicas es una negligencia que el Poder Legislativo debe romper de inmediato.
El informe de la comisión estatal es una valiosa oportunidad institucional para conectar la labor parlamentaria con las problemáticas locales. Este diagnóstico no debe quedar en el archivo, sino ser la hoja de ruta para una voluntad política proactiva. El reto es llevar las normas del escritorio al territorio, garantizando protección real a las víctimas que enfrentan mayores barreras para denunciar.
La legislatura local tiene la responsabilidad histórica de convertir este exhorto en un marco jurídico verdaderamente operativo. Los diputados deben entender que su parálisis no es neutral; por el contrario, prolonga el dolor de miles de familias. La verdadera prueba de su compromiso no se medirá en discursos, sino en la aprobación de estas reformas pendientes.
