La reciente filtración de un video que vincula al subsecretario Juan Manzo con el crimen organizado en 2015 ha sacudido el tablero político de Michoacán. La difusión de este material, justo cuando el funcionario exige justicia por el asesinato de su hermano Carlos Manzo, levanta serias sospechas sobre una campaña de desprestigio.
El argumento del montaje cobra fuerza tras la inmediata reaparición pública de la presunta víctima del complot, Ramón Hernández Orozco, al lado del propio subsecretario. Esta alianza actual desactiva la narrativa del atentado, exhibiendo que antiguos lazos políticos de hace una década están siendo manipulados deliberadamente.
En el fondo de esta disputa yace el control político de Uruapan y la urgencia de esclarecer un homicidio que sigue doliendo al estado. Utilizar el pasado como un ariete solo enturbia el camino hacia la verdad y desvía la atención de los verdaderos responsables de la violencia.
La Fiscalía tiene la obligación de esclarecer la veracidad de estas imágenes sin ceder a las presiones del oportunismo electoral que busca silenciar acusaciones incómodas. Michoacán no puede permitir que la agenda de seguridad y la exigencia de justicia se conviertan en un burdo escenario de venganzas mediáticas.
