Benjamín Álvarez
Morelia, Michoacán.- La acusación coadyuvante presentada por el Gobierno de Michoacán contra Raúl Meza Abonce sostiene que el delito de sabotaje habría sido ejecutado mediante una participación colectiva y solicita para el acusado una pena de 12 años de prisión, además de un millón 370 mil pesos por reparación del daño.
El documento oficial fue presentado por la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno dentro de la causa penal 683/2025, en la que el Gobierno de Michoacán aparece como víctima.
La representación estatal señala que se adhiere sustancialmente a la acusación formulada por el Ministerio Público y considera que los elementos recabados durante la investigación serían suficientes para acreditar la existencia del delito y la probable responsabilidad del acusado.
El escrito dedica un apartado a explicar la figura de la coautoría y sostiene que ésta puede configurarse cuando varias personas realizan conjuntamente un plan delictivo mediante una división de funciones.
“Lo decisivo consiste en determinar quién controla funcionalmente la producción del resultado”, señala el documento.
La acusación establece que el dominio funcional del hecho puede presentarse cuando varias personas participan en la ejecución mediante una distribución de tareas.
En el caso del sabotaje, el Gobierno estatal argumenta que la destrucción de patrimonio público puede requerir acciones coordinadas y enumera entre ellas “ingreso conjunto”, “neutralización de obstáculos”, “ocupación del inmueble” y “destrucción simultánea”.
El documento sostiene además que la criminalidad colectiva puede presentar “espontaneidad inicial, coordinación progresiva, reparto funcional, actuación simultánea” y convergencia de aportaciones.
Con base en ese argumento, la acusación señala que “ninguno de los participantes produce aisladamente el resultado”, sino que éste sería consecuencia de la suma de las intervenciones.
La representación jurídica estatal también solicita que Raúl Meza sea condenado a pagar un millón 370 mil pesos por daños materiales en inmuebles, mobiliario, equipo de cómputo, puertas, cristales, bienes históricos y otros bienes públicos.
Además, plantea que puedan incorporarse durante el juicio otros gastos relacionados con restauración, rehabilitación y reposición de bienes afectados.
Aunque la acusación oficial plantea esa pena y reparación económica, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, ha sostenido públicamente que la administración estatal no busca que Raúl Meza permanezca en prisión preventiva.
“Nosotros mismos le propusimos a su defensa pedir el cambio de medidas cautelares, para que llevara su proceso en libertad”, afirmó.
El funcionario rechazó que el Gobierno de Michoacán haya promovido un aumento de los cargos o de las medidas cautelares y aseguró que el proceso continuará conforme avance la investigación.
“Nosotros seguimos firmes para que se lleve su proceso en libertad”, sostuvo.
El caso se originó tras la detención de Raúl Meza durante los disturbios ocurridos en Palacio de Gobierno, en el contexto de las protestas realizadas después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
