Benjamín Álvarez
Morelia, Michoacán.- Tras la detención de Alfonso “N.”, alias “Poncho La Quiringua”, empresarios aguacateros de la región de Los Reyes comenzaron a recibir llamadas consideradas amenazantes, situación que ya es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE).
El encargado de despacho de la institución, Israel Vega Rodríguez, confirmó que las autoridades estadounidenses fueron quienes compartieron la información sobre las comunicaciones dirigidas a productores y empresarios del sector.
El funcionario aclaró que la Fiscalía aún no cuenta con elementos suficientes para determinar quién realizó las llamadas y si estas tienen relación directa con algún grupo de la delincuencia organizada.
“Lo que se tiene de información es que efectivamente tras la detención de este líder delincuencial, conocido como Poncho La Quiringua, es que se desató una serie de llamadas hacia diferentes empresarios aguacateros”, expuso.
Vega Rodríguez señaló que entre las hipótesis se encuentra la posibilidad de que integrantes de un grupo criminal hayan realizado las amenazas, aunque también se investiga si fueron personas que aprovecharon el contexto para generar temor entre los productores.
La situación provocó una alerta generalizada en la región, aunque las autoridades intervinieron de manera inmediata para atender los reportes y reducir la incertidumbre entre los empresarios, además de permitir la reactivación de las actividades relacionadas con la exportación del aguacate.
“No se ha confirmado si las amenazas efectivamente se hicieron desde la parte del crimen organizado o si fue por parte de algunos oportunistas, lo cual generó una alerta generalizada en la región”, indicó.
Sobre las denuncias formales, el encargado de despacho de la FGE reconoció que, hasta el momento de la conferencia, ningún empresario había presentado una querella ante la institución.
“¿Hubo alguna denuncia con respecto a este tema? De manera oficial ante esta Fiscalía, aún no”, respondió.
La Fiscalía mantiene la coordinación con autoridades estatales y federales para dar seguimiento a los reportes que puedan surgir por amenazas o intentos de extorsión contra integrantes del sector productivo.
