Pese a la postura oficial, la crisis humanitaria en la región de Apatzingán empeora, gradualmente. Hoy, el éxodo rural suma más de un centenar de refugiados permanentes, pero mucho más de dos centenares huyeron en semanas recientes. Las estadísticas retratan un drama civil sin precedente.
Aún con presencia militar policiaca, los grupos delincuenciales operan con impunidad total. El gobierno federal solo envía oscilantes patrullajes, a veces con paradas con más dejos de pasividad que nada. Falta inteligencia militar eficaz para desmantelar la estructura delictiva.
El daño colateral va acabando la economía regional cítrica. Si, por lo pronto, decenas de parcelas de limón quedan totalmente improductivas. Las familias pierden el sustento por la casi inacción oficial. En áreas focalizadas, el impacto financiero tiende a condenar a la miseria comunitaria.
Al momento, la reforma penal tampoco está resultando como se esperaba, pareciera una simulación. Y es que, sin medidas prácticas, el hecho de tipificar el desplazamiento no lo erosiona, no lo aminora, no frena las minas terrestres. Hay la sensación de una burocracia archivando expedientes sin solucionar.
En este caso, en el del desplazamiento, el estado michoacano exhibe una debilidad institucional histórica. Sin duda, urge una fiscalía especial que persiga este delito. Sin presencia permanente del ejército, el retorno es inviable. La complicidad por omisión gubernamental perpetúa el destierro.
